Cambio de estrategia

Hace pocos días comenté sobre la existencia en México de dos calendarios escolares. El tipo “A” y el “B”. Variaban en el inicio y la clausura de las actividades escolares.
Quizá para muchos mexicanos los calendarios escolares que implantó la Secretaría de Educación Pública no existieron, porque ni cuenta se dieron que había dos.
Desde 1a creación de la SEP en 1921 el calendario “A” regía en las escuelas del centro del país, desde Tabasco y Chiapas hasta Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz, entidades donde las clases comenzaban a fines de enero y terminaban en noviembre.
El calendario “B”, contemplaba las entidades del norte de México, desde Colima, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas hasta la frontera con EU, así como las penínsulas de Baja California y Yucatán. En éste, el periodo lectivo era de septiembre a junio, muy parecido al actual, que comienza a fines de agosto y culmina en julio.
Correspondió al Secretario de Educación Agustín Yañez (1966) determinar la unificación de los calendarios y cuya justificación oficial es que se basó en estudios pedagógicos que mostraban altos índices de aprovechamiento y asistencia escolar durante los meses templados y fríos.
La sociedad aceptó más el comentario extraoficial de acabar con los problemas derivados del cambio de domicilio de los estudiantes cuyo calendario fuera diferente a su antigua residencia, porque se veía obligado a perder hasta un semestre por la disparidad de tiempos.
Por otro lado, para los maestros también implicaba problemas al solicitar cambio de estado y, en el área administrativa realizar cualquier trámite se complicaba al tener que satisfacer las necesidades de dos regiones.
La unificación de los calendarios escolares de decretó en abril de 1966, siendo presidente de la República el poblano, Lic. Gustavo Díaz Ordaz que entre otras cosas ordenó que cada año se recorriera un mes el ingreso del calendario “A” hasta unificarlo con el “B”.
Hasta aquí el referente histórico. Y tiene su sustento porque el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, recién informó que la última semana de este mes de enero, presentará una modalidad llamada El Plan de la Nueva Escuela, donde se espera que los planteles tengan una mayor autonomía a partir del ciclo escolar 2016-2017.
Nuño Mayer anticipó que la autonomía de los planteles se referirá a la flexibilidad para adecuarse a las necesidades específicas de cada escuela y región, de modo que se eliminará la rigidez de los 200 días obligatorios, para que los planteles puedan hacer ajustes en función de situaciones meteorológicas, como frío o calor.
Además, el secretario de Educación Pública, señaló que 2016 “…será un año clave y muy movido en materia educativa… porque se aplicarán nuevos programas y políticas para cumplir con la reforma educativa.”
Los comentarios que motivan a la reflexión de las palabras del titular de la educación del país, nos llevan por senderos engañosos; quizá para algunos suenen como avisos preelectorales. Sobre todo que muchas plumas importantes lo señalan como candidato a suceder en el cargo a Enrique Peña Nieto.
Además Aurelio Nuño, dijo: “Para garantizar que el número de horas se cumpla, habrá flexibilización de días y de horas. Se tiene que ser flexible por las propias necesidades de cada región y no ser tan rígidos”, aseveró.
Sin ser negativo, en Tamaulipas el Dr. Diódoro Guerra y sus antecesores han dado estas facilidades a los directores y padres de familia.
Quizá para dar la apariencia de inflexibilidad en eso de la reforma educativa, el titular de la SEP aseguró que en febrero próximo dará a conocer los resultados de la evaluación del desempeño docente y en este marco, cuantos maestros que serán cesados por no presentar ninguna etapa de la evaluación obligatoria.
En un intento por la democracia en la educación, Nuño Mayer dijo que presentará un documento inicial como propuesta para el nuevo modelo educativo, mismo que someterá a discusión para enriquecerlo y en el verano de 2016 aparezca un documento final como el nuevo plan de estudios de educación básica y que entre en vigor en el ciclo 2016-2017 o a más tardar en el 2018, antes de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto.