Moreira frente a un Estado de Derecho

A Humberto Moreira, la Fiscalía Anticorrupción de España, le venía siguiendo la pista desde marzo de 2014, es decir, llevaba un año y medio investigando a fondo todos los movimientos financieros y bancarios del exgobernador de Coahuila.
Desde sus ingresos hasta sus gastos e inclusive lo pusieron en observancia telefónica, ese caudal de información y datos reunidos en los largos meses bajo la lupa de los investigadores es ahora un volumen de pruebas que obran en contra de quien también fungiera como efímero líder nacional del PRI en 2011.
Contra él existen: los filtros telefónicos, informes policiales, estados de cuenta y comprobantes de transferencias bancarias pruebas que esta semana deberá tener la capacidad de refutar durante la diligencia frente al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado no 1 de la Audiencia Nacional.
Vienen las horas más cruciales para la telenovela de “Moreira y su destino… el día que España se convirtió de paraíso en infierno” dado que será presentado ante la Audiencia Nacional, precisamente “el tribunal” de tribunales, el órgano máximo de justicia por el que son juzgados terroristas, narcotraficantes y los grandes casos de lavado de dinero, cohecho u organización criminal.
También tiene potestad para actuar en fechorías cometidas fuera del territorio nacional, en violación de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años, la Audiencia Nacional, acumuló un prestigio internacional inusitado bajo la égida del juez Baltasar Garzón.
Y será bajo las paredes grises de uno de los módulos de la Audiencia Nacional que Manuel Ollé Sesé, abogado de Moreira, deberá conseguir que se levanten las medidas cautelares de prisión provisional a cambio de un arraigo domiciliario o bien la libertad bajo fianza.
El principal cometido es la excarcelación del Centro Penitenciario de Soto del Real para poder defenderse fuera de rejas y coadyuvar al desahogo de pruebas por los delitos que se le imputan: organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.
Nada más por blanqueo de capitales la justicia española le podría dar una pena de 6 años y por organización criminal 5 años más; un total de once años, si no logra convencer con documentos sólidos y además homologados y compulsados que los 199 mil 079.48 euros que él recibió en sus tres cuentas bancarias abiertas en Barcelona tienen un origen lícito, como él argumentó en su defensa primigenia.
Cabe mencionar que a España llegó una caballería de abogados mexicanos que no tienen ninguna jurisdicción pero que sí le pueden ayudar con el desahogo de pruebas; en cambio, la actuación estelar le corresponde al joven letrado Ollé Sesé experto precisamente en temas intrincados.
Desde la oficina del abogado nos comentan que el proceso está bajo secreto de sumario y que habrá partes de prensa cuando sea necesario emitirlos sobre todo en deslinde de la confusión.
A COLACIÓN
Este año los juzgados ibéricos están que arden y no se diga los de la Audiencia Nacional precisamente con sendos personajes que también gozaron de las mieles del poder, uno de ellos es Luis Bárcenas, político y extesorero del Partido Popular (PP).
Ha sido otro escándalo esta vez interno, a Bárcenas -hombre de confianza del presidente Mariano Rajoy-, le metieron un tiempo en la cárcel de Soto del Real por el Caso Gürtel; luego salió en libertad.
Empero, el juez José de la Mata, del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional a finales del año pasado determinó “la apertura de juicio oral por la caja B del PP en el que Bárcenas se enfrenta a una petición de 5 años y fijó una fianza de 8.9 millones de euros”.
Es el mismo magistrado que el pasado viernes 15 de enero confinó a Moreira a Soto del Real tal y como figura en el atestado no 1232/2016 UDEF-BLA según figura en la última página del parte.
¿Qué viene ahora? Una lucha jurídica por parte de su defensa para la excarcelación como punto central secundada de la demostración de inocencia; aunque llama mucho la atención la acusación de la Fiscalía Anticorrupción referida a la “malversación de caudales públicos”.
Se infiere que las autoridades ibéricas tienen claro el panorama de que el político pudiera haber usado dinero público, desviarlo de su cauce original, para servirse de él. Moreira necesitará aplicarse muy a fondo para tratar de convencer al juez Pedraz de todo lo contrario. Y ojo: no es lo mismo el Estado de Derecho en España que en México.