Sin lugar a dudas, la ciudadanía siempre exige a sus autoridades cuentas claras, aunque es un hecho que no estamos acostumbrados, ni nosotros a recibirlas, ni ellos, los gobernantes a entregarlas.
Un caso muy específico es el que se relaciona con el parque vehicular oficial, que constituye miles de vehículos de todo tipo, y que se han empleado para la construcción de caminos, traslado de servidores públicos a sus comisiones, acarreo de materiales y transporte de lujo para parientes del gobernante en turno y sus colaboradores que, sin ningún miramiento hacen uso de los recursos oficiales para uso particular.
En una entrevista a un funcionario muy encumbrado hace años, dijo al columnista: “ahora cambian las cosas: yo tengo doce años sin comprar un mueble –vehículo-, y entonces, tendré que hacerme de uno y mantenerlo, porque cuando estaba en funciones eso no me costaba”.
La anterior declaración tiene dos connotaciones: franca o cínica, porque o fue muy claro o un sinvergüenza que no ocultó que se movió y paseó durante dos sexenios a costilla de todos nosotros.
De todos es sabido la cantidad de vehículos blindados existentes en la entidad y el coste que tiene cada uno de ellos, así como en la mayoría de los casos, el uso que se otorga a los mismos; con profunda tristeza vemos que muchos de ellos sirven a la familia y no a los servidores.
No es lo único: todos los días vemos automóviles con logotipos del gobierno en acciones particulares: los hay de todo nivel socioeconómico y educativo, jerárquico y sentimental que usan nuestros recursos para moverse.
Y los corralones están llenos de carcachas inservibles, que es el otro punto de los vehículos.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tendrá, sin lugar a dudas, que ofrecer a los tamaulipecos una cuenta transparente de todos estos muebles que tienen los consentidos y los que no tienen nada que ver con la labor oficial. Dejaremos, y así lo esperamos, de verlos en los centros comerciales de Mc Allen o en los restaurantes de lujo, en las escuelas particulares o en las borracheras de juniors.
Lo primero que se nos ocurre que debe pasar es que se haga un censo exacto para sabrer donde están, y por supuesto, los movimientos de los últimos meses, ya que de todos es sabido que se han entregado los mejores vehículos a los que concluyen y se irán con su premio automotriz.
Eso debe detenerse por dignidad y por justicia propia para los tamaulipecos.
De la misma manera, el gasto de combustibles debe vigilarse estrechamente.
Estamos ciertos que si el gobernador García Cabeza de Vaca aprieta en este rubro, el estado se ahorrará muchos, pero muchos miles de pesos mensualmente, y además, recuperará para su beneficio esos muebles insultantemente lujosos que hoy portan los parientes cercanos, los guaruras de ellos y uno que otro colado sentimental.
Es hora de poner orden: México no está para dilapidaciones de este tipo, y lo que se espera es que a estos bribones se les llame a cuentas, porque no merecen ningún premio ni liquidación que no sea un sitio de unos cuantos metros cuadrados en uno de esos centros de reinserción y readaptación que antes llamábamos cárceles y que hoy pomposamente tienen otros calificativos.
Para la gente, el grueso de la población, o el 99.9 por ciento, como dijera en tristemente célebre dirigente del PRI, hay que poner orden, y los abusivos deben pagar sus culpas sin excluir la pena corporal y administrativa. Justicia popular, pues.