Tampico, Tamaulipas.-Hasta dos millones 600 mil pesos de multa podría aplicar la Procuraduría Federal del Consumidor a las escuelas particulares que sean sorprendidos condicionando la venta de útiles escolares, uniformes y otros artículos a los padres de familia, además de asegurarles lo que expenden, ya que esta prohibid por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Alejandro Martínez Castañón, delegado de esta dependencia en Tamaulipas informó que esta semana se dieron a la tarea de verificar los colegios particulares con la finalidad de que no cometan abusos en contra del consumidor.
Explicó que checan estos planteles porque la relación que existe entre los padres de familia y las escuelas particulares es una relación comercial y finalmente hay un contrato de servicio que se está adquiriendo y por tanto entra en el supuesto que ve la Ley de Protección al Consumidor y en ese sentido verifican que las escuelas particulares exhiban los precios de las inscripciones, de las colegiaturas, del transporte escolar, alimentación y todos los servicios que puedan prestar.
“Quiero hacer un llamado a todas las instituciones educativas que caen en los supuestos de particulares que no existe una obligación por parte del padre de familia de adquirir ni los útiles escolares, ni los uniformes en su establecimiento, no pueden obligarlos porque estarían condicionando la venta y ante ese comportamiento pudiéramos incluso suspender la comercialización de sus bienes”.
Ante ello, dijo que no deben caer en estas malas prácticas todos esos planteles educativos, un total de 179 en educación básica, prescolar, primaria y secundarias, que hay en esta entidad, que no obliguen a los padres de familia a comprar útiles escolares dentro de esos colegios ni los uniformes.
“Podrían alcanzar una sanción de 2 millones 600 mil pesos y además suspender la venta de esos artículos, no cerraríamos, porque no queremos afectar el derecho de los niños a la educación, estamos hablando desde el punto de vista comercial, no afectaríamos las clases, no es la intención de la PROFECO”.
Sin embargo, refirió que sancionarían al establecimiento por condicionar a la compra de esos artículos para que los niños vayan a clases.
El funcionario manifestó que las preparatorias particulares no entran en su esquema pero si hay queja sí la atienden.
Refirió que el año pasado no hubo sanciones en este tema pero sí quejas del ICEST tanto de Matamoros como de Altamira, y sancionaron con casi cien mil pesos a la institución por algunos cobros que estaban haciendo y unos ajustes que les están aplicando algunos estudiantes.
Por último comentó que las multas por esta falta pueden llegar hasta los 2 millones 600 mil pesos, pero en general, al ser una falta muy grave que pudiera afectar a un gran número de consumidores podrían ascender hasta 3 millones de pesos.