Muchas cosas enojan a la ciudadanía, más, cuando ve que su dinero no es empleado adecuadamente, y no hablemos de las grandes fortunas que todos conocemos y que se esconden tras una respetable apariencia: el gasto en obra pública enoja a un ciudadano que paga sus impuestos y ve tristemente que sus recursos se malgastan de una forma irremediable.
Ya hemos anotado en ocasiones anteriores el desencanto que sucede cuando nos damos cuenta que la autoridad no exige en forma equitativa: cuando alguien pretende construir un fraccionamiento o colonia nueva, se le tienen que revisar varios requisitos, entre ellos, las áreas para parques, escuela y más, así como los correspondientes a calles y avenidas.
En ese sentido, hemos señalado que es menester exigir que las mismas tengan la calidad necesaria que garantice que en poco tiempo no se conviertan en auténticos campos minados: que no tengamos que ir sorteando agujeros, pozos y más, en aras de mantener el vehículo en condiciones aceptables.
En ese sentido, los concesionarios de transporte urbano exigen siempre calidad en las calles, porque sus unidades se avejentan mucho más con tanto pozo que hay. Ese problema no es exclusivo de ellos: cheque usted su vehículo de un año a la fecha y verá que le suena todo, o casi todo, menos el claxon.
En algunos fraccionamientos o colonias están volviendo a construir las calles que los fraccionadores entregaron sin una supervisión efectiva, caso específico, al norte de la ciudad, donde las máquinas llegaron sin decir nada, sin aviso previo, y prácticamente cerraron toda la calle, ocasionando molestia de los habitantes del lugar, ya que no pueden disponer de sus cocheras, exponiendo sus vehículos a la inseguridad que vivimos.
No se vale que tengan que sufrir estos problemas porque una autoridad solapó a alguien y otorgó un permiso para vender con calles sin los requisitos de ley.
Debieran castigarles, a la autoridad por consecuente, y al constructor por tramposo, e imponerles una muy grande multa, por un lado, así como la indemnización correspondiente, por el otro, para los vecinos que ahora tienen ese problema, y que nadie se atreve a cuestionar nada.
No es posible que los que ganan dinero a través de obras se enriquezcan ilícitamente, no es justo que se gaste y se tenga que soportar molestias de esta índole.
Y el problema es que los habitantes del lugar pasarán quién sabe cuántas semanas sin poder llegar bien a sus hogares. Como si la inseguridad no fuera ya suficiente limitante, ahora tienen que lidiar con una calle que abrieron en su totalidad, y que no tiene para cuando quedar lista.
Alguien debería responder a quienes sufren estas molestias. Dicen algunos que la obra quedará lista en dos o tres semanas; realistas los más, consideran que pasarán las fiestas de año nuevo sin calle, por lo que ya conocemos de los trabajadores que bajo cualquier pretexto suspenden sus obligaciones.
En ese sentido, han hecho el llamado al alcalde Oscar Almaraz Smer, para que, a través de la instancia correspondiente pueda ordenar una supervisión estricta, y que perjudiquen lo menos posible a los victorenses que sufren porque alguien aprobó una obra en forma irregular, y ahora tiene que volverse a realizar.
Es tiempo, dicen algunos, que la autoridad nos responda, pero que también, por todas esas molestias exista una multa verdadera, no como las que se imponen de 3 o 4 mil pesitos, que cubren los constructores fácilmente, o consiguen la respectiva condonación de la misma.
En la medida que se sigan perdonando estas irregularidades, habrá siempre tramposos que las aprovechen, y es misión del Cabildo local vigilar por el bienestar de los ciudadanos que les ubicaron ahí, para hacer valer la ley.
Es tiempo que nos respondan, ¿no cree usted?