Exregidores priistas y panistas pidieron préstamos al municipio y se fueron sin pagar

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Tampico, Tamaulipas.-Ex regidores priistas, panistas y de Nueva Alianza, solicitaron préstamos a la administración municipal 2013-2016, algunos por más de medio millón de pesos, cantidad que suma en total 2 millones 854 mil 698 pesos, de los cuales están pendientes de pago 2 millones 710 mil pesos, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Auditoría Superior del Estado.

Lo anterior se puso en conocimiento de la sociedad durante la sesión de cabildo número 7, al darse el informe de comisiones, siendo el presidente de la Comisión de Transparencia, el regidor José Antonio Heredia, quien habló de este tema, mostrándose sorprendido de que se hayan autorizado estos préstamos con dinero del pueblo, cuando para ello existen los bancos o las casas de financiamiento y más al ser cantidades exorbitantes.

“A la ex regidora Claudia Rosas Marín se le prestó 133 mil 324 pesos y aún tiene pendiente de pagar 100
mil pesos, Dorely Meza Reyes recibió 345 mil pesos y a la fecha los debe; Jorge Arturo Robles de León recibió 45 mil pesos y debe 45 mil pesos”.

Dijo que también se les prestó a los siguientes ex ediles: Margarita Juárez Paz la cantidad de 197 mil pesos, cantidad que debe; Xochitl Reséndiz Guerrero se le prestó 88 mil 324 pesos, pero solo debe 55 mil pesos, a Clara Alicia Gallardo Tenorio se le hizo un préstamo por la cantidad de 133 mil pesos y sólo debe 100 mil pesos.

Indicó que los panistas, Julián Aurelio Zorrilla Estrada se le otorgó un préstamo de 516 mil pesos y debe esa cantidad al municipio; mientras que a Bonifacio Bandala Olivo pidió 600 mil pesos y también los debe. Y José Alfredo Gallegos Neri pidió 222 mil pesos, mismos que adeuda, y Aura Giovanni Del Ángel
Serna solicitó prestados 90 mil pesos y solo debe 81 mil pesos.

En el caso particular del panista Miguel Pérez, quien pidió un préstamo al Ayuntamiento por la cantidad de 355 mil pesos, dijo que ya lo pagó, y explicó que el recurso fue para pagar servicios médicos porque tuvo un problema grave de salud su hijo y para ello lo utilizó, y ayer acudió a pagar los últimos 5 mil pesos que faltaban por cubrir.

Además, informó que la ex regidora Rufina García pidió 60 mil 326 pesos, abonó y debe todavía 33 mil 660 pesos; además se le prestó a Mónica Ledezma Morales la cantidad de 15 mil pesos, cantidad que adeuda; a Carlos Omar Hernández Cobos se le prestó 9 mil pesos y debe 6 mil pesos; mientras que a Juan Carlos Guerrero Osorio se le prestó 11 mil 400 y debe aún 10 mil 200.

“Hay pólizas y cheques en donde se reciben las transferencias, pero no hay pagares, pero muchos de ellos lo reconocen. Durante la administración también se les dio préstamos a cuenta de sueldo al Sindico José Mathieu Faure por 615 mil pesos, los cuales fueron disminuyendo y a la fecha no aparece adeudo, pero yo consideró que no es facultad prestar esa cantidad a regidores y a síndicos”.

Manifestó que de esto ya tiene conocimiento el Congreso del Estado luego de que le dio cuenta esta administración municipal y han cumplido con su parte informando.

Ante esta situación planteada, el regidor Néstor Luna, emanado del Movimiento Ciudadano, consideró que en calidad de acreedores de estos préstamos no solo se debe dar vista a la Auditoría Superior del Estado, sino ejercer acciones civiles y penales correspondientes toda vez que se advierte de manera somera de esta narración una conducta atípica, antijurídica y culpable, una simulación, un lucro indebido que podría equipararse en el delito de fraude.

“Pero además, existen acciones mercantiles que se pueden llevar a cabo y no se puede permitir como municipio que los deudores no cumplan con su deber, y habría también que estipular el monto de los intereses porque es dinero de los tampiqueños, y sin bien hay casos como el que aclaró mi compañero Raymundo Bandala, no todos son en el mismo tenor, seguramente hay irregularidades, y serán las indagatorias en un proceso en el que se respete su derecho de audiencia y que los ex regidores y síndicos comparezcan y sea la fiscalía la que determine responsabilidades, pero nosotros debemos exigir el pago en calidad de acreedores”.

La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, coincidió en que esta es una irregularidad utilizar el dinero que es del pueblo, porque nadie tiene facultad para hacerlo.