De todos es sabido que en México se ha abusado del poder: muchos funcionarios están sujetos a proceso, presos o prófugos, producto de denuncias por malos manejos. La reputación de quien se dedica a la política no es precisamente la mejor, y por ello se generaliza, se mide con el mismo rasero, y se considera como pleonasmo decir “político” que “ladrón”.
Sin el ánimo de polemizar ni defender o atacar a nadie, entendemos que hay en todos los rubros donde participa el ser humano, excepciones que a veces son muchas o son pocas, pero que significan que no todo está perdido, o que no todo lo que nos rodea es adecuado: se necesita vigilar para cambiar la reputación de este grupo de ciudadanos.
Decía el ex rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Manuel Adame Mier que le disgustaba cuando generalizaban con la reputación de los universitarios, porque era sinónimo de “porro”, cuando porros son pocos los que quedan, y son unos verdaderos delincuentes. No todos los de la UAT somos malos, aunque desgraciadamente no todos buenos.
Y en la administración pública aplica el mismo criterio: hay de todo, como en la Viña del Señor, dirían los abuelos.
Y en ese tenor, el Congreso de Tamaulipas ha establecido una serie de medidas que garanticen la transparencia en todos sentidos: información, rendición de cuentas y gasto del dinero de los ciudadanos, que hoy en día es cuestionado fuertemente por los resultados de todos conocidos.
Los legisladores han contemplado en su plan de trabajo una serie de propuestas que tienen que ver con este aspecto tan importante, tan delicado y tan urgente. Los mexicanos y específicamente, los tamaulipecos queremos saber que el recurso se aplica en forma adecuada, que no hay desvíos, y que cuando se requiere información por parte de la ciudadanía no se esconde nada, porque no hay nada de qué avergonzarse.
Eso es lo que desean, lo que buscan, y para ello, establecen una serie de medidas que regirán su trabajo legislativo.
Los miembros de la Comisión de Finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, los legisladores, encabezados por el diputado Carlos Alberto García González buscan formalizar acciones que fortalezcan el manejo de recursos, en base a un buen análisis de la información que rinden las instancias públicas.
En ese sentido, se trabaja intensamente, de forma tal que se pueda dar respuesta a la ciudadanía, que, finalmente, es el patrón de todo servidor público que se encuentra hoy en día en la administración estatal.
La idea, dice el diputado García, es que los tamaulipecos sepamos en qué se gasta nuestro dinero, y que tenga un verdadero impacto en el beneficio de todos, y propicie un adecuado desarrollo comercial, turístico, industrial y productivo, entre otros aspectos.
Para tal efecto, han recibido muchas ideas y propuestas que les permitirán dar forma a lo que será la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Tamaulipas, y que será la base económica que nos vaya a regir a partir del 1 de enero venidero, y en la que se establecerán prioridades, gastos, porcentajes y todo eso que administrativamente se requiere para dar seguimiento a las acciones que lleva a cabo el gobierno, y que deben responder a nuestras necesidades e inquietudes.
Por lo pronto, ya se distinguen algunos cambios referentes al uso de los recursos oficiales. Sí, falta aún mucho, pero se sabe que avanzamos en ese sentido, y que la idea es que todos estemos convencidos de que nuestro dinero está bien empleado, que se gasta bien, que no se derrocha ni se pagan lujos innecesarios, y sí se cubren las necesidades de la mayor parte posible de la población.
Es así como nos lo han dicho, y así como lo esperamos los ciudadanos que deseamos dar nuestro voto de confianza a todos los servidores públicos.
Solo que éste, se lo deben ganar a conciencia.