Más que elevar penas a feminicidas; se necesita aplicarles las ya existentes

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Afirmando que la inmensa mayoría de crímenes de mujeres reciben tratamiento legal como homicidios dolosos y no como feminicidios, Olga Sosa Ruíz, ex diputada local y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, marca que prueba de ello es que solo cuatro asesinatos de este tipo han sido catalogados como tal y solo uno ha podido ser probado:

“La realidad es evidente, hay mucho más que cuatro mujeres las que han perdido la vida de manos de sus maridos o parejas, pero para los defensores de los femincidas les resulta más práctico y benéfico para los criminales que se les juzgue por homicidas dolosos en donde las penas son menores que las que estipula el código penal por feminicidio”.

Ahora que en el Poder legislativo se propone elevar a 60 años de prisión por feminicidio en lugar de los 50 que actualmente contempla el código penal, la ex Diputada, impulsora de tipificar y aumentar las penas a los femincidas, reconoce que falta mucho por hacer para castigar el feminicidio como tal:

“Más allá de elevar las penas, se debe trabajar en que este delito sea tomado como tal, es importante armonizar el Código penal con el federal pero no dejar de lado que los criminales de mujeres sean juzgados como tales”.

Agrega que se debe seguir en este mismo tenor, ya que ante la violencia que se ejerce contra las mujeres se deben sumar voluntades para atenderla desde la prevención.

Feminicidios en el Código penal

ARTÍCULO 337 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; o

VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.