Fuera los “chocolates”

Hay que aplaudir el carácter con que se está actuando para resolver una de las medidas más injustas que ha habido en los últimos años y que se refiere a los vehículos de procedencia extranjera, ilegales, que ingresan con datos a veces alterados y con dudas sobre su reputación.
El gobierno de Tamaulipas ha decidido, por primera vez en la historia, dejar a un lado a los vividores de las agrupaciones que se hicieron ricos extorsionando a la gente que no tiene la preparación adecuada para entender que han sido timados, y que “c0ompraron” tarjetas o placas de UCD u ONAPAFA, centrales que se han caracterizado por proceder al margen de la ley.
Porque, por mucho que digan sus dirigentes que están en términos legales, no puede solaparse con una placa “patito” el tener un vehículo que según la ley mexicana es ilegal, porque no ha pagado los impuestos correspondientes.
Y es tiempo de dejar la camiseta de “pobres”, “humildes”y demás: en México necesitamos mexicanos que vivan dentro de las leyes vigentes, sin distingos de preparación, clase social, religión ni nada por el estilo. Ya debemos acabar con solapar ilegales y bandidos, y eso es un clamor popular.
Según nos enteramos, el gobierno del estado de Tamaulipas cobrará mil 800 pesos por enlistas estos vehículos en un padrón único, donde se asegura que el dinerop estará en manos de la autoridad, y al menos, tendremos a quien pedirle cuentas, porque los dirigentes de esas centrales no rinden cuentas ni al Creador.
Arturo Soto, subsecretario de ingresos es quien está al frente de esta cruzada contra los acaparadores de recursos producto de la ignorancia popular, y una de las medidas que han sido bien vistas por la gente “amolada” es que decomisen los autos de lujo que al amparo de esas dos centrales ilegales se han importado.
Se supone, al inicio, que era un programa de beneficio popular.
Y además, hemos de entender que no estamos para consentir abusos; decían autoridades anteriores que no podrían proceder “porque desencadenaríamos un conflicto social de grandes magnitudes”, a lo que el columnista se pregunta si vivir al margen de la ley otorga esa paz social que México requiere.
Para vivir en paz, tenemos que ser justos con todos: que todos paguemos predial, impuestos de lo que se debe pagar, en la misma proporción, y en un esfuerzo por ser justos, quitar el hecho de que quien gana más pague más porcentaje.
Es absurdo, inútil y estúpido: por lógica, quien gana tres veces más pagará 3 veces más. A eso se le llamaría justicia social, y no a los actos populistas con que las autoridades nos inundan haciéndonos creer que nos están ayudando.
A nadie ayudan, solo hay que buscar que se cumpla con la ley, y punto.
Entonces, la medida debe ser bien recibida por la ciudadanía, y los que se aventuraron a comprar en forma ilegal y ahora tendrán que pagar sus 1,888 pesitos, tendrán que verlo como un acto de justicia para quien compra un vehículo mexicano y paga muchos, pero muchos impuestos.
El gobierno no tiene por qué ser consecuente con unos y con otros no. O todos coludos, o todos rabones, reza el dicho, y en ese sentido, aplaudimos la medida que encabeza Arturo Soto, aunque por otro lado, hemos de señalar que sus subordinados no están haciendo bien las cosas en algunas áreas, y han abusado de la ciudadanía.
En el caso de los autos “chocolates”, suponemos que es un buen principio para entrar en la legalidad, y exigir a todos, sin excepción, que transitemos por la ley, que dejemos esos abusos por ser periodistas, académicos, comerciantes, soldados, policías o lo que sea: que la ley sea igual para todos, desde el mismo gobernador hasta el más humilde de los tamaulipecos.
Porque todos somos mexicanos en igual porcentaje, punto.