Cd. Victoria, Tamaulipas.-Considerando que las vacaciones de verano son propicias para que niños y adolescentes desempeñen trabajos diversos para ayudar a sus familias o comprarse los íºtiles escolares para el regreso a clases; la Presidenta de la Red de gestores unidos, Imelda Hernández Carreón, manifiesta que esta es una realidad que debe hacerse visible para que la sociedad se solidarice con los menores que trabajan por necesidad:
œDe lo que no se habla no existe, por eso hay que hacer visible el problema y contribuir por ejemplo para que estos menores tengan lo necesario para su regreso a clases, se puede hacer donando íºtiles escolares ya sea directamente con las familias o con asociaciones constituidas que las apoyan.
Por su parte la Secretaría del Trabajo mediante la Dirección de Inspección y Previsión Social, difunde que se impulsa y mantiene acciones para erradicar el problema social y dar protección a los adolescentes trabajadores en edad permitida.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, mantiene un registro de por lo menos 2 millones 475 mil 989 niños en edades de 5 y 17 años que realizan alguna actividad económica.
Tamaulipas por debajo de la media nacional con un 4.0 %, posicionándolo en tercer lugar con el porcentaje más bajo, es decir 45 mil 185 menores trabajando en edad no permitida.
El trabajo infantil no permitido, puede estar tanto en empresas, campo, calles, en cualquier lugar, por lo que el estado ha trabajado fuertemente para disminuir la incidencia.
Mediante asesorías, platicas, conferencias y sondeos en instituciones educativas así como en empresas, inspectores tratan de detectar a menores en situación laboral no permitida y vigilan el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, en adolescentes con permiso para laborar.
En la entidad, no se tiene detectado algíºn caso de trabajo infantil no permitido dentro de las empresas, y ratificó que a la fecha, Tamaulipas mantiene el distintivo œMéxico contra el Trabajo Infantil, que entrega la federación de acuerdo a las acciones emprendidas y sobresalientes con la que se hace conciencia entre gobiernos, organismos y escuelas, de las consecuencias y efectos que deja el fenómeno social.
Se agrega que se impone multas de los 250 a 5 mil salarios mínimos generales vigentes o prisión de 1 a 4 años, a quienes violen lo dispuesto en sus artículos.