Días de contrariedad y tristeza para organizaciones civiles como el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos que acaudilla MEMO GUTIí‰RREZ RIESTRA desde la capital tamaulipeca.
Es ya noticia confirmada que los foros de la paz instaurados por el presidente Lí“PEZ OBRADOR se cancelan en cinco estados, entre ellos Tamaulipas.
Y es que ni la entrante titular de Gobernación, OLGA SíNCHEZ CORDERO, ni el nuevo titular de Seguridad ALFONSO DURAZO logran embonar dos causas tan encontradas como (1) la estrategia de pacificación fundada en la amnistía de jefes mafiosos y (2) su contraparte, el clamor de justicia y el comprensible dolor de las familias afectadas.
Voceros y personeros de la llamada œCuarta Transformación alegan razones de tiempo, ya que el 24 de octubre próximo será presentado el plan sexenal de seguridad y había prisa en los operadores del gobierno electo para concentrar esfuerzos en la capital mexicana.
Menos trabajo de campo, más tareas de escritorio, pues, aunque ello prive del derecho a voz que las familias agraviadas reclaman en nuestra entidad.
Las víctimas, tamaulipecos pacíficos en su tránsito normal rumbo al trabajo o la escuela, familias de viaje por carreteras y caminos rurales.
Lo cual incluye a los levantados por negocio para robar sus pertenencias, pedir rescate, aunque también las víctimas del odio ciego, con motivos, a menudo inescrutables, de quienes solo buscan sembrar el terror para pintarle raya a la autoridad, amedrentar a la población, mandar mensajes a bandas rivales.
Dolor y desesperación ante autoridades de los tres niveles que algunas veces prometen justicia, en otras se encogen de hombros, hablan de investigar, aunque pase el tiempo y los resultados no lleguen.
Se les involucra, incluso, en promesas de candidatos y partidos, se les habla bonito, desde el corazón, les dicen que entienden su dolor de padres, hermanos, hijos, cónyuges, amigos.
Genuino o no, el discurso de la misericordia mitiga el dolor, pero no lo alivia, porque la íºnica cura razonable son esos resultados que no llegan.
Las ausencias que siguen ahí, en listas de desaparecidos, en fotografías de pared veneradas con llanto, en la memoria que duele, sin remedio.
CASOS MAYORES
De manera sobresaliente, habrá que considerar también a los deudos de San Fernando, sus dos masacres:
(1) la ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010, año sexto de EUGENIO HERNíNDEZ, cuarto de FELIPE CALDERí“N y (2) la descubierta el 1 de abril de 2011, primer año de EGIDIO TORRE, quinto de CALDERí“N.
No hay cifras exactas en ambos episodios. En el primer caso, el del ejido œEl Huizachal, las víctimas fueron principalmente indocumentados de Centro y Sudamérica. Se habla de 72 muertos oriundos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador.
En la segunda, las víctimas fueron connacionales. Oficiosamente se calculan en 193, aunque voces independientes apuntan a cifras tan diferentes como el medio millar.
También aquí, ni la exigencia de justicia ni la cauda de dolor han cesado. Aunque justo sea señalar ciertos aspectos en comíºn que ambos casos tendrían con la tragedia acontecida en Iguala, en septiembre de 2014, año tercero de PEí‘A NIETO.
Se trata de tres episodios donde, por igual, las bandas delictivas actuaron abiertamente, se apoderaron de la situación, impusieron su ley con total impunidad y en las narices de las corporaciones federales, civiles y castrenses, sin que estas hicieran algo para impedirlo.
Reaccionaron después, ya sobre los hechos consumados y (algo más) los medios nacionales se encargaron de recargar toda la culpa sobre gobernadores y alcaldes, de Tamaulipas y Guerrero, de Iguala y San Fernando.
Todavía hoy, a la fecha, se sigue pensando que las instancias regionales fueron las grandes celestinas (solapadoras, cómplices) de estos hechos, se les señala y condena.
No es casual que, en aquellos años, el presidente FELIPE CALDERí“N empleaba la más alta tribuna del país para condenar con dedo flamígero a los ayuntamientos y gobiernos estatales infiltrados, corrompidos, sometidos por el narco.
Y tan fue exitosa esta versión oficial, que eximía por completo a militares y policías federales para recargar toda la culpa sobre las corporaciones regionales, que todavía hoy sigue imperando.
Veremos si la œCuarta Transformación la acepta o (como piden no pocos juristas y defensores de derechos humanos) se abre a otras explicaciones más de fondo, así en Iguala, como en San Fernando.