Cd. Victoria, Tamaulipas.-Un total de 523 servidores píºblicos en Tamaulipas están en el banquillo por delitos cometidos en sus funciones institucionales, dicha estadística abarcan diez meses del presente 2018, y a sido presentada por la Procuraduría de Justicia en el estado al sistema nacional de seguridad píºblica.
La información difundida de los delitos cometidos por servidores píºblicos, estos se incluyen en el total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados, como son evasión de presos, falsificación de documentos, delitos contra el medio ambiente y delitos electorales.
De acuerdo al Código penal se expone sobre los delitos de referencia en el Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor píºblico toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Píºblica Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos píºblicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.
Asimismo se establece que se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.
En el Artículo 213.-Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, en su caso si el servidor píºblico es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigí¼edad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.