Cd. Victoria, Tamaulipas.-En lo que va del presente año 857 mujeres han llegado heridas a los centros hospitalarios en el estado; y por la misma causa se les ha dado atención a solo ocho hombres; esta estadística documentada por el boletín epidemiológico de la Secretaria de Salud federal; es un reflejo de que la violencia familiar afecta mayoritariamente a las mujeres que llegan a padecer todo tipo de heridas y las secuelas físicas y emocionales suelen ser de consecuencias lamentables.
En este contexto la Diputada federal Olga Sosa Ruiz, menciona que las cifras son meros referentes de la magnitud del problema, sin embargo dan un indicio de la necesidad de generar políticas píºblicas encaminadas a proteger a las mujeres en sus propios hogares, ya que es ahí donde viven en el infierno:
œNo es posible que sea en los hogares que se supone debe ser el lugar más seguro para las mujeres y sus familias, sea el centro en donde ellas llegan a padecer la pesadilla de la violencia familiar que va desde burlas, empujones hasta llegar a las agresiónes física que las mandan al hospital.
Cabe mencionar que por ley, todos los hospitales, centros de salud y clínicas privadas deben de reportar a las autoridades de seguridad cada caso que les llega; pues de acuerdo al protocolo
las cifras van encaminadas a generar políticas píºblicas para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
Con el levantamiento de cada una de las denuncias por parte de los centros hospitalarios se busca promover la detección temprana de la violencia familiar y de género en las instituciones del sistema estatal de salud.
Garantizar el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada.
Contribuir que las mujeres y sus hijos e hijas que viven violencia extrema cuenten con espacios seguros que brinden protección, atención médica y psicológica así como orientación legal.
Se trabaja desde el nivel estatal para la prevención y promoción del derecho a una vida sin violencia como parte de los derechos humanos de las mujeres.