Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas 47 servidores píºblicos han sido denunciados y están siendo investigados por delitos cometidos en sus funciones, esta cifra corresponde a los expedientes abiertos durante enero y febrero del presente año; cabe mencionar que en las denuncias presentadas por la Procuraduría de Justicia ante el Secretariado Ejecutivo Nacional no se abunda en las causas de las mismas.
En este tenor el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, señaló que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en marzo de 2018 emitió el œíndice de Riesgos de Corrupción, en el cual refiere su preocupación en el área de compras y adquisiciones de la Administración Píºblica, ya que la alta ejecución de recursos propicia que las operaciones realizadas sean susceptibles de presentar actos de corrupción.
Para frenar lo anterior da a conocer que se acaban de aprobar reformas a la Ley de Adquisiciones para la Administración Píºblica del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, estableciendo un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las Dependencias contratantes, para que vigilen el cumplimiento de los actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición, con el objeto de que los servidores píºblicos que participen en la desviación de recursos respondan por sus conductas.
La Ley en mención, tiene como objeto regular las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Píºblica Estatal, así como los Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones de mercancías, materias primas y otros bienes muebles e inmuebles; enajenaciones de bienes; arrendamiento de bienes; contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles y arrendamientos financieros.
Salinas Mendiola, destacó que esta representación social, en suma con los mecanismos del combate a la corrupción, determinan la garantía del manejo responsable de los recursos píºblicos, mediante una normatividad eficaz, sobre todo preventiva.
De esta forma, se fija que el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen, redacción que fue añadida para lograr este fin.