Cd. Victoria, Tamaulipas.-Por ley a partir del próximo ciclo escolar estudiantes de nivel básico recibirán uniformes y íºtiles escolares para aligerar la carga económica que representan para los padres de familia, expone la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez.
El objetivo es que el Estado le brinde gratuitamente a la comunidad escolar de educación básica los uniformes y íºtiles escolares que habrá de dar uso en el transcurso del año académico, para ello el Congreso del Estado deberá destinar presupuesto para tal efecto.
Los materiales y íºtiles escolares que se presentan en las listas de cada nivel o grado escolar son recursos básicos para que los estudiantes puedan realizar actividades desde el primer día de clases.
Señala que los materiales generan un costo para la canasta básica familiar, y pueden llegar a representar algíºn riesgo para la continuidad de los alumnos en el sistema educativo, no obstante, se pueden revisar los íºtiles usados en el ciclo anterior que se encuentren en condiciones de seguir utilizando, como los cuadernos que cuentan con hojas limpias o recurrir al reíºso de otros íºtiles escolares.
Hace alusión que el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha venido emprendiendo diversas acciones para contribuir a la equidad en el acceso a una educación formal mediante diversas políticas que permiten mejorar en el acceso y permanencia en el sistema, toda vez que como parte del compromiso que se tiene con el sector educativo, en la gestión de la presente administración píºblica se entregaron a 400 mil alumnos de 2 mil 632 escuelas píºblicas, paquetes de íºtiles escolares, a fin de incentivar su preparación académica.
œ A la luz de lo anterior, estimo que la obligación vertida por el promovente, no resulta necesaria plasmarla en un instrumento jurídico, ya que la misma depende de la capacidad presupuestal que pueda tener el Estado, tan es así que por el momento existen otros escenarios de atención inmediata, y por ende, implican un gasto importante, en aras de mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos.
Marca que la acción legislativa es una acción en favor de la educación, pero entraña un compromiso excesivo que no tiene un carácter prioritario, y que de efectuarse año tras año pudiera poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Estado para encarar los retos que como Gobierno se enfrentan.