Cd. Victoria, Tamaulipas.- La violencia política contra las mujeres es un obstáculo y un reto que se debe trabajar ya que aunque no hay denuncias especificas en Tamaulipas; es un tema que debe estar en la agenda político-electoral.
El Consejero Presidente, del Instituto Electoral de Tamaulipas; Juan José G. Ramos expone que los retos y desafíos que enfrentan las instituciones y la sociedad en su conjunto son innumerables, pero no por ello dijo, se debe de dejar de insistir en que las mujeres deben de ser valoradas y tomada en cuenta en todos los aspectos de la vida y del contexto de las decisiones en el aspecto político de nuestro país.
Señaló que pese a los distintos avances, persisten cuestiones estructurales como la violencia política en razón de género que obstaculizan el ejercicio de los derechos político-electorales que constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género, œlas mujeres que participan en espacios píºblicos políticos siguen siendo violentadas y sub representadas políticamente.
Por ello, dijo el Consejero Presidente, que la coordinación interinstitucional de las autoridades jurisdiccionales, administrativas así como los partidos políticos y la sociedad en su conjunto, se debe tener como misión fundamental la eliminación del fenómeno de la violencia política en razón de género.
Otro aspecto que se debe considerar, es que la reciente reforma sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género ha llegado en un momento de cambio histórica y trascendental en la vida política del país, por lo que uno de los aspectos a considerar es que si los partidos políticos no cumplen con la paridad, perderán el derecho a registrar postulaciones y esta ley, permitirá que las mujeres puedan avanzar sin medidas represivas e intimidatorias.
Es de mencionar que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera píºblica o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función píºblica, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos píºblicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares