Cd. Victoria, Tamaulipas.-En los íºltimos cinco años, se han registrado 4066 casos de feminicidio en México, siendo siete entidades las que concentran el mayor níºmero de muertes y esta cifra, incluye 473 casos contabilizados hasta el mes de junio de 2020, expone la Diputada federal, Olga Sosa Ruíz, quien marca que la incomprensión de las causas del delito son mayores en las niñas, niños y adolescentes, que quedan indefensos y en el desamparo.
Señala que el feminicidio en México ha dejado a miles de menores de edad en situación de orfandad, en muchas ocasiones está condición ha derivado en repercusiones psicológicas, educativas y económicas que obstaculizan el desarrollo óptimo de la persona e impide el goce de los derechos de la niñez.
Sosa Ruiz, presentó en la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fin de que se ponga en marcha el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad (PNNAOF), dada la crítica situación en la que conviven los menores:
“Actualmente y de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo, en promedio son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada 24 horas, dijo la diputada federal por Tampico y Madero, quien resaltó que esas mujeres son madres de familia, y sus hijos son también víctimas de este delito de género, lo que representa una doble tragedia que hasta el momento no había tenido la atención que merecen.
La justicia no es solo castigar a quienes cometen un delito, ser justos es reparar las injusticias, y de eso se trata el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), que está elaborándose entre la SEGOB, el Instituto de las Mujeres, las instituciones estatales y municipales, y tiene por objetivo combatir la pobreza, la exclusión, la discriminación y otros problemas que enfrentan los huérfanos de feminicidio, señaló Sosa Ruiz.
El punto de acuerdo sondear prioritario la puesto en marcha del PNNAOF, y del mismo modo, en un segundo resolutivo, solicitó a las 32 entidades federativas comuniquen las investigaciones registradas para construir y consolidar una base de datos nacional con la cantidad total de las víctimas indirectas, y así, puedan recibir la atención necesaria.
Agrega que las instituciones deben hacer lo conducente para que la aplicación del Protocolo entre en vigencia y no se postergue más su publicación en el Diario Oficial de la Federación.