El país ibérico ha vuelto al escenario de marzo pasado propiciado en buena medida por el desorden y la falta de acuerdo entre las 17 comunidades autónomas y el gobierno central que encabeza el presidente Pedro Sánchez.
El domingo 25 de octubre, en consejo extraordinario de ministros, el mandatario español instrumentó un nuevo estado de alarma cuya intención es prolongarlo hasta el 9 de mayo de 2021.
Por el momento, además está acompañado por un toque de queda nocturno general -desde las 23 horas hasta las seis de la mañana- que cada comunidad autónoma modula a su gusto una hora más o bien una hora menos.
Mientras tanto van aplicándose otras restricciones a la movilidad como los cierres perimetrales de las comunidades autónomas para evitar desplazamientos internos y que el virus continúe propagándose.
La OMS ha destacado que Europa está severamente afectada por la segunda ola del coronavirus porque a su población le ha faltado “disciplina” para atender y respetar las recomendaciones.
Las reuniones y los contactos privados están identificados como uno de los principales focos de contagio del virus porque no se respeta ni el uso de la mascarilla, ni la distancia física de seguridad.
En varios países de la región crecen las protestas callejeras de ciudadanos azuzados por la ultraderecha o la ultraizquierda que niegan la veracidad de la información acerca de la pandemia, cuestionando el uso de las mascarillas y exigiendo la restitución de su libertad de movimiento.
Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y España son escenario constante de cada vez más protestas violentas contra las decisiones de los toques de queda y los reconfinamientos.
Hay un malestar hacia las decisiones oficiales, hacia la politización de la pandemia, la limitación de las libertades individuales y la gente acusa además que existe una pandemia de mentiras, de errores, de desinformación y de manipulación.
A COLACIÓN
Al país ibérico se le ha complicado todo el panorama interno porque predomina una falta de entendimiento en buena parte del gabinete sanchista con muchos presidentes autonómicos pertenecientes a los partidos de la oposición.
En un solo día, España ha registrado 267 muertos por coronavirus y el presidente Sánchez -en tono dramático- ha venido advirtiendo en sus comparecencias ante los medios de comunicación que “vienen días y semanas muy, muy duras, para todos” por lo que habrá que estar nuevamente preparados como sucedió en marzo pasado cuando decretó el primer confinamiento hasta el 21 de junio.
En esta urgencia sanitaria está en juego además la presión ejercida en el sector salud y por si faltase algo más en plena crecida de la segunda ola, la guinda de una huelga general de médicos a nivel nacional que estalló el pasado 27 de octubre como medida de presión y de protesta contra el Real Decreto Ley 29/2020 publicado en el Boletín Oficial del Estado y que permite contratar a personas con un grado, licenciatura o diplomatura correspondiente y que carezcan del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad.
En la última década, en España han salido 18 mil médicos para trabajar en otros países con mejores condiciones; y situaciones de urgencia y presión como la actual pandemia necesitan un refuerzo del sistema sanitario mediante la contratación de más médicos.
El gobierno pretende dar empleo a diez mil médicos, de forma temporal y por el plazo de un año prorrogable por tres meses, pero la forma y el fondo de cómo pretende hacerlo ha provocado una enorme irritación entre los médicos.
Ahora hay una huelga de médicos cada último martes de fin de mes para presionar al gobierno español y evitar que entren al sistema sanitario público en calidad de especialistas “médicos que no son especialistas”; que se contrate para ser especialistas a médicos, ya sean españoles o extracomunitarios, que han obtenido “el título fuera de los países de la UE” sin que se verifique dicha titulación.
