Cd. Victoria, Tamaulipas.-Ante el riesgo sanitario que se tiene en el transporte público, es necesario, desarrollar, Implementar y difundir un protocolo de emergencia por enfermedades transmisibles, para su aplicación obligatoria en las distintas modalidades del sistema de transporte de pasajeros, apunta la Diputada local Patricia Pimentel.
Lo anterior tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio y la salud de los usuarios, pudiendo para ello establecer las modificaciones necesarias en los servicios de acuerdo a la demanda y a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.
La legisladora explica que con el protocolo de emergencia sería posible solucionar pr blemáticas que se han estado presentando durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, como cambios en la frecuencia y horario de las rutas del servicio colectivo, y falta de observación de dichas indicaciones de salud:
“Como por ejemplo, se podría fundamentar legalmente la medida de cambiar la asignación de unidades destinadas a una ruta específica, con el fin de evitar llenar el autobús a más del 5O% de su capacidad, atendiendo la recomendación de establecer distancia entre los usuarios, protegiendo la salud, tanto para los usuarios como para los operadores del transporte público”.
En este sentido, menciona que la Ley reguladora de las relaciones sociales, tiene la capacidad de prever situaciones que se podrían presentar en el futuro, y es un deber analizar la situación actual, para integrar los dispositivos legales necesarios para proteger la sociedad y a quienes realizan las actividades esenciales para su sostenimiento y continuidad.
Agrega que el transporte público es un elemento continuo de la vida urbana y así como su
fortalecimiento constituye a elevar la calidad de vida de su población, su deterioro
constituye un rector de degradación que deban pagar todos los ciudadanos en mayor o
menor medida.
Enfatiza la obligación de las autoridades no sanitarias de cooperar en el combate contra las enfermedades transmisibles que se encuentra en el artículos 85 y 85 Bis de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.
