-Periodista narra la odisea de la caravana.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.-En medio de una profunda crisis económica, social y de salud provocada por el COVID-19, miles de hondureños, entre ellos unos 300 salvadoreños integrados en varias caravanas varadas en la frontera de Honduras con Guatemala, se preparan para dirigirse a México y de allí a la frontera con Estados Unidos en busca de asilo político o de una visa humanitaria.
A pesar del estado de sitio decretado en Guatemala, estos migrantes sufren agresiones por parte de las fuerzas de seguridad ante el temor a ser deportados por la fuerza a su país. Son cerca de 5 mil migrantes que insisten en romper el cerco en la frontera entre ambos países, y avanzar hacia el norte de México con destino a Estados Unidos, algunos posiblemente lleguen a Tamaulipas, como ocurrió en el 2019.
Otros hacen trámites migratorios legales a un costo de mil 200 lempiras o 50 dólares, que incluye el CA-4 o la prueba del COVID para seguir avanzando a México, ya que se presume que algunos estén contagiados de esta enfermedad.
De acuerdo al periodista guatemalteco, Nelton Rivera, integrante del organismo Prensa Comunitaria, la caravana está dispersa en su cuarto día de caminata, por lo que algunos se internaron por las montañas y la selva, con la intención de burlar los cercos militares y policiacos, e ingresar a México de manera irregular.
“No se han podido contabilizar cuantos hicieron eso, pero sabemos que el Estado montó otro cerco a la altura del río Dulce, entronque con la carretera Interamericana, y esperamos saber si se reorganizará la caravana para caminar hacia Tapachula, en donde México tiene un operativo policiaco bastante grande”, explica el periodista vía telefónica desde la capital de Guatemala.
El operativo de contención fue montado en Chiquimula, frontera con Honduras, para salir hasta Río Hondo, cerca de la carretera internacional del Atlántico, pero en su travesía los migrantes son detenidos y agredidos en un sitio ubicado en el kilómetro 177, “y es porque hacen uso de la Ley de Orden Público creada durante la guerra civil en Guatemala, y con esto el gobierno restringe las garantías constitucionales en siete departamentos, con lo que la autoridad fue entregada al ejército”, señala Rivera.
Las agresiones y los golpes iniciaron desde el domingo, dijo el periodista que sigue paso a paso desde Guatemala el avance de esta numerosa caravana de hondureños que huyen de la miseria y de la violencia, para buscar en Estados Unidos un mejor nivel de vida.
“Hubo agresiones, empujones y gente lesionada, pero ayer el ejército volvió a hacer lo mismo junto con la policía nacional civil, por lo que hubo heridos y se les obligó a regresar a Honduras, además de deportar a los detenidos”, refirió.
‘Maquillaje’ oficial
Según explica el periodista Rivera, estas agresiones y deportaciones contra los migrantes son maquilladas por las autoridades como un retorno voluntario, pero es una deportación obligada y prohibida por el Código de Migración de Guatemala, que decretó el Estado de Sitio el 14 de enero, que durará hasta fines de mes mientras son disueltas estas caravanas.
“Hay funcionarios públicos como el director del Instituto Nacional de Migración que dijo que el gobierno considera estas caravanas como un asunto de seguridad nacional y no como una cuestión humanitaria ni de derechos humanos”, explica.
De la ruta a seguir, estos migrantes ya no siguen el paso de las primeras caravanas que ingresaron por la frontera de Isabal con Honduras, rumbo a la Costa Sur para ingresar por Tecún-Umán y Tapachula, Chiapas; ahora lo hacen por El Florido, cerca de Chiquimula, en grupos más pequeños para no ser detenidos por el ejército, la Policía Nacional y Civil, las Fuerzas Antidisturbios, el ejército, y la nueva Policía Migratoria creada por la embajada de Estados Unidos para contener las migraciones.
Entre la pandemia
El Ministerio de Salud de Guatemala reconoció este día que el país cuenta con 150 mil 300 infectados acumulados desde el 13 de marzo del 2020, mientras que Honduras cuenta con un estimado de 121 mil 827 casos hasta hace una semana, pero de acuerdo al periodista los integrantes de la fuerza pública no espetan los protocolos sanitarios al no usar las mascarillas KN-95, cuyo costo es de 400 Quetzales.
“Creo que existe un riesgo de contagio masivo porque las tropas y la policía nacional, por las condiciones anti sanitarias en las que hicieron el desalojo de los migrantes, pueden provocar una mayor propagación del virus porque son rotados a los distintos territorios y ya se han presentado contagios”, comenta.
El Laboratorio de Datos estima que Guatemala puede igualar a Costa Rica en cantidad de casos, país que hasta el 19 de enero contaba con 186 mil 877 casos confirmados, por lo que Amelia Flores, ministro de salud, anunció que el sistema nacio0nal de hospitales ya se saturó y que no hay capacidad para la atención de más pacientes.
Por esta razón México envió a 500 integrantes del ejército y de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, con la finalidad de evitar el ingreso de las caravanas, y con ello la propagación del COVID mediante la aplicación de pruebas, aunque la posibilidad de que una gran cantidad ingrese al país el fin de semana, es inminente.
