Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaria de de Educación en Tamaulipas así como el sindicato magisterial deben informar sobre el personal docente y administrativo que a fallecido a causa del COVID-19; expone la Diputada local, Edna Rivera López:
“En nuestra entidad, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) en el ciclo escolar 2019-2020 había un total de 54 mil 279 docentes, distribuidos mayoritariamente en los municipios que concentran la mayor cantidad de población estudiantil siendo estos; Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Tampico”.
Menciona que con la finalidad de procurar la salud de las personas, se adoptaron diversas acciones para contener la propagación de la COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene y suspensión de actos y eventos masivos, además de las clases en todos los niveles educativos, para disminuir la carga de la enfermedad, complicaciones y muerte de la población en el territorio nacional.
Puntualiza que la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas en su artículo 12 fracción XXII, establece que la Secretaría será encargada de coordinar y operar un Padrón Estatal de Docentes, por lo que es la instancia encargada de llevar un registro sobre la cantidad de maestros que hay en la entidad, mismo que debe coordinarse, en este caso, con la Secretaría de Salud para conocer la cantidad de maestras y maestros fallecidos a causa del COVID-19:
“Se desconoce la cantidad exacta de maestras y maestros fallecidos en nuestra entidad a causa del COVID-19.
Por lo anterior se exhorta que a fin de que la (SET), de forma conjunta con la Sección XXX del SNTE informen sobre el número de docentes que de manera desafortunada perdieron la vida por esta enfermedad, ello a fin de que se tomen las medidas necesarias que garanticen el respeto pleno a sus derechos laborales, y el apoyo necesario para sus familias.
Marca que las y los docentes, como cualquier otro trabajador al servicio del estado, son acreedores a una serie de prerrogativas laborales, mismas que garantizan para quienes les sobreviven, un apoyo económico que les permita hacer frente a los gastos que implica tan irreparable pérdida, sin perjuicio del que anunciara el
gobierno federal para quienes perdieran la vida a causa del COVID-19, mismo que
asciende a la cantidad de 11 mil 460 pesos.
También, porque el fallecimiento de un docente, pone en una situación compleja a las instituciones educativas mismas, que deben garantizar la continuidad del servicio educativo, por lo que es imperativo que los alumnos continúen con su proceso de enseñanza, y muchas veces, pasan varios meses para que el recurso humano llegue al centro educativo en el que se le requiere.