México ¿despierta?

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En estos tiempos de precampañas y campañas electorales, como en todos los sexenios, la clase política piensa y repiensa los temas que debe utilizar para que la ciudadanía, la que llega hasta las urnas, emita su voto a favor no solo de candidato -que poco importa- sino al partido.

La afirmación de que poco importa el candidato es por los hombres y mujeres que se prestan para estar en la boleta electoral, como las declaraciones de la veracruzana, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida por su nombre artístico: ‘Paquita La del Barrio’ quien ha confesado no sabe nada de política y ‘…aquí me pusieron’.
Los políticos de otros tiempos, cuidaban de la imagen del partido en el poder para que los votantes siguieran en el mismo sentido, no se arriesgaban a un escándalo para no perder votos.
Pese a la escuela de procedencia, el gobierno de la 4ª T, está siendo la excepción porque sin mayor disimulo está golpeando al ciudadano común y los golpes son escandalosos, donde más duele: el bolsillo. Particularmente en las pensiones por edad, tiempo, enfermedad o viudez de la burocracia.
La Doctora Ma. Del Refugio Vázquez, pensionada por tiempo de servicios de la educación superior del Sistema Educativo Nacional, líder del grupo Jubilados Homologados, aclara que “…este grupo se ha caracterizado por afiliar a los ex trabajadores de la educación cuyo salario se homologó con el Instituto Politécnico Nacional, particularmente desde que la educación normal alcanzó el nivel de licenciatura.”
La inquietud de los representados de la Doctora Vázquez, se centran “…en la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los pensionados del ISSSTE, sin respetar el marco legal que los magistrados conocen, porque ese es su trabajo, cuando nos siguen pagando en Unidades de Medica y Actualización (UMA), en lugar de Salario Mínimo Diario (SMD).”
La ley del ISSSTE, reformada en 1993, señaló que la pensión máxima de un trabajador era de 10 SMD y los incrementos se otorgarían a los pensionados cada que aumentara en la misma unidad de medida.
El marco legal se reformó a partir del 1 de enero del año 2002, calculando los incrementos de las pensiones en Base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o en su caso, en base al incremento anual de la plaza que se tenía como trabajador activo.
En el período comprendido entre el 2008 y 2016, (sexenios del michoacano Felipe Calderón Hinojosa y del de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto), continúo el mismo criterio. Es decir, una máxima de 10 SMD y los incrementos como se señaló. Aunque se deben reconocer inconsistencias Administrativas del ISSSTE y que, desde luego, no favorecieron a los pensionados.
Los trabajadores que se jubilaron a partir del 2017 y hasta la fecha, por las reformas fiscales aprobadas en el sexenio del señor de Atlacomulco, se puede decir que, en automático, se les paga en UMA que desde luego es un número menor que el SMD.
Además, el gobierno del Priísta Enrique Peña Nieto, gravó las pensiones, tema que antes del 2017 estaban exentos del pago de impuestos y ahora queda establecido que quienes tengan ingresos superiores a 420 mil pesos anuales, pagan impuestos.
El escandalo preelectoral del gobierno de la 4ª T, es el referido a la Segunda Sala de “La SCJN determinó la legalidad de la aplicación de la UMA en las pensiones por jubilación, lo que sin duda es una resolución que viola los derechos humanos y labores de quienes trabajaron por la educación del país…” afirma la Doctora Ma. Del Refugio Vázquez.
Solo como marco comparativo. Hablando de máximos: Un profesor jubilado con una pensión pagada en UMA, obtiene mensualmente $26 mil 886 pesos; Si el mismo docente percibiera su pensión en SMD serían 42 mil 510 pesos. Es decir, la diferencia es de 15 mil 624, en números cerrados.
La resolución judicial puede interpretarse como una bofetada para el gremio burocrático, pues los principios básicos del derecho prohíben la aplicabilidad de una ley en retroactivo. Lo peor del tema es que se identifica una capitulación del Poder Judicial al poder ejecutivo en México.
Cierro este espacio con la danza de los miles de millones de pesos que hacen escándalo en el informe del primer año de la 4ª T, donde aparecen desvíos de recursos que descubre la Auditoria Superior de la Federación, pese a las negativas sistemáticas de informes de la titular de la Función Pública y como siempre, el Ejecutivo Federal dice tener otros datos.
Ahí viene junio y ojalá el tema de los jubilados y la corrupción en México esté presente en la mente de los que votan.

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