Solicitud de desafuero es por la venta de un departamento, afirma abogado de Cabeza de Vaca

-Sostiene que no existe nada que lo involucre con el crimen organizado

Cd. Victoria, Tamaulipas._ Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador, Francisco Garría Cabeza de Vaca aseguró que la petición de desafuero en contra de su representado es por la venta de un departamento en Santa Fe.

“Hay un depósito de 42 millones de pesos, ese depósito fue dispersado en una empresa de la familia y no está justificado el origen de ese dinero (dice la Fiscalía General de la República). La realidad es que ese dinero lo recibió el gobernador como consecuencia de una operación de venta de un departamento de su propiedad en Santa Fe aquí en la Ciudad de México, en el que se ejercía la copropiedad él y su esposa, el producto de la venta se deposita en la cuenta de él”, expuso el abogado.

El representante legal del mandatario tamaulipeco, quien concedió varias entrevistas a medios nacionales, señaló que actualmente no existe ninguna investigación de Estados Unidos contra su representado.

“De todo lo que hemos visto hasta ahora no hay ninguna investigación del Gobierno de Estados Unidos, son muchos tomos pero incluso la petición (de desafuero), nunca se refiere a la existencia de una petición del Gobierno de Estados Unidos”, expuso.

Insistió en que la acusación se basa principalmente en la venta del departamento.

“La acusación específica y concreta que es materia de la solicitud de desafuero, es que el señor Gobernador recibió en el año 2019 depósitos en su cuenta, que estos depósitos pueden tener un origen ilícito y que fueron dispersados en una empresa de la familia, por tal motivo además puede acreditarse el delito de lavado de dinero”, expuso.

Señaló que la Fiscalía General de la República estima que una parte de esos 42 millones de pesos no se pagó Impuesto Sobre la Renta y por lo tanto hay un delito de defraudación fiscal.

El jurista explicó que el dinero obtenido por la venta de dicho departamento se invirtió de manera transparente en una empresa de la familia.

“Vamos a documentar perfectamente la operación y vamos a acreditar que, primero el origen de los recursos del señor que compró eran lícitos, porque así aparece y así se constituyó en la escritura de compra-venta”, indicó.

Comentó que además comprobarán que el gobernador fue transparente, pagó sus impuestos, acreditó debidamente las cuentas que originaron el pago y acumuló en el Impuesto Sobre la Renta esa utilidad.