-Al hablar de la solicitud de desafuero del Gobernador del estado
Tampico, Tamaulipas.- “Vamos a ver si los datos de prueba que aporte la Fiscalía, esos no pueden tener tintes políticos, tiene que basarse en requisitos que establece la ley y en su caso la Cámara tendría que valorar como tal si esos datos de prueba resultan aptos y suficientes para proceder penalmente contra el gobernador, es decir, quitar el fuero y luego proceder”, dijo el abogado penalista, Juan Jorge Olvera Reyes al hablar de este caso.
Esto, luego de cuestionarlo sobre si podría este asunto tener tintes políticos como lo han manifestados que muchas voces desde que la PGR pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario estatal.
“Recuerden que ese es un tema constitucional penal y conforme a la Constitución el como imputado, por la etapa procesal en la que nos hemos centrado todos los medios de comunicación, tiene derecho a ofrecer pruebas o datos de prueba de acuerdo al sistema actual, para desvirtuar lo que le están imputando y en su caso evitar que la Cámara de Diputados, una vez que se reúna en jurado de procedencia en base al dictamen de la sección instructora se llegue a determinar que no proceda el desafuero para que sea el perseguido desde el punto de vista jurídico por el estado federal por delitos federales”.
Explicó que tanto la Constitución como la Ley Federal de Servidores Públicos establecen el procedimiento de esta declaración de procedencia, y de acuerdo a los tiempos debe resolverse en un plazo de 60 días, subirlo al pleno de la Cámara para que esta convertida en juez de procedencia vote por mayoría absoluta que es la mitad más uno, si procede o no desaforar al gobernador.
“Si se ajustan los tiempos deben ser de 3 a 6 meses que se determine si hay lugar o no”.
Cuestionado sobre si podría proceder este desafuero, señaló que todo depende de los datos de prueba que se tenga aportados por la fiscalía resulta datos idóneos para justificar los ilícitos de carácter federal que le están imputando al gobernador.
Subrayó que lo que debe interesar que el estado de derecho se cumpla y que la persona imputada, en este caso el gobernador, tiene y goza de ciertas garantías como tal, es decir, debe de gozar de derechos humanos, entre ellos el derecho humano por excelencia que los abogados están manifestando que es el de presunción de inocencia.
“Tiene el derecho humano a una defensa adecuada, tiene el derecho humano al debido proceso, es decir, que se le respeten sus pasos, ofrecer pruebas y alegatos y en su caso que se l escuche antes de emitir la declaración de procedencia por parte de la cámara”.
Dejó en claro que no se debe olvidar que este es un procedimiento administrativo, que lo conoce la cámara de diputados como tal y qué si no lo llevan a cabo bien, en un momento dado faculta en este caso a la defensa del gobernador que pueda acudir a órganos federales a través de un juicio de amparo para buscar ese respeto a sus derechos humanos.
