-Criminalizan a los migrantes en México.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.-“En Comitancillo aún le lloran a sus muertos”, dice el padre Mauro Berzeletti desde la Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala, porque todavía existe consternación y rabia por la forma en que 16 de sus habitantes fueron victimados en Camargo, Tamaulipas, municipio ubicado 146 kilómetros al este de Nuevo Laredo.
Dolido por lo ocurrido en Tamaulipas el 22 de enero de este año, cuando fueron localizados los cuerpos calcinados de los 16 campesinos de esa comunidad agrícola, el director de este refugio para migrantes no comprende cómo es que el gobierno de México aplicó una justicia muy blanda en la detención de los policías estatales que participaron en esta tragedia que enlutó a todo un país.
Dice que los migrantes son criminalizados en México, y que la pandemia es usada como pretexto para reprimirlos y culparlos de ser quienes llevan la enfermedad y el contagio.
“Es una justicia muy blanda porque debe ser aplicada con más profundidad. México debería tener personas más responsables en el trato a los migrantes, porque éste no es el único hecho que ocurre con migrantes, y si no se actúa mejor será una política muy corta de justica de parte de México”, explica consternado.
A una semana de haber sido repatriados a su país los cuerpos de estos 16 campesinos guatemaltecos asesinados en Camargo, el llanto no termina porque no basta con la detención de los policías estatales, presuntos responsables de esta tragedia.
Y es que en Comitancillo, una comunidad campesina distante 60 kilómetros de la frontera con México vivir de la agricultura ya no da para vivir, porque 7 dólares diarios no alcanzan ni para comer, razón que obliga desde hace varios años que el 20 por ciento de su población haya emigrado a Estados Unidos, aunque muchos de ellos se quedaron en el camino.
El último censo de población registró poco más de 59 mil habitantes y la mayoría vive de la agricultura, pero debido a la pobreza en que se vive, muchos han emigrado a México, pero más a Estados Unidos en busca de mejores niveles de vida, relata el sacerdote Berzeletti.
“El trato hacia la población migrante tiene que cambiar, porque estamos cayendo en tiempos de pandemia, en una políticas extremadamente represiva porque las fronteras se militarizan para reprimir, y durante la pandemia los gobiernos (de México y de Guatemala) se aprovecharon para militarizar sus fronteras bajo el contexto sanitario de que los migrantes llevan el COVID de un país a otro”, señala.
Para este sacerdote católico los gobiernos tienen que cambiar las políticas migratorias, y que su función como defensor de los migrantes es proponer, denunciar y defender los derechos de los migrantes por estar en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Hasta hoy está la gente llorando los cadáveres, y no es nada agradable para nadie, porque la comunidad está profundamente impactada ya que solo se hicieron los procedimientos de entregar los cuerpos para darles la santa sepultura, pero la justica sigue siendo muy blanda”, reitera.
Por su parte, el periodista de la Prensa Comunitaria de Guatemala, Nelton Rivera comenta: “La comunidad pide una investigación más a fondo y que se aplique la ley contra los implicados, pero no sé si la cancillería tenga la voluntad de empujar eso”.
Dice que el gobierno de Guatemala reaccionó de manera tardía, un mes después de los acontecimientos, y que todo se ha manejado de manera muy mediática, que hará que este caso quede pronto en el olvido.
“Creo que será ya muy difícil que después se le vaya a dar continuidad”, señala.
