“La ley es dura, pero es la ley”; sí, pero…..

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-INE y TEPJF aplicaron la pena máxima a candidatos
-Por $33 mil avasallaron la voluntad popular
-Aplausos por evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados

SI bien es cierto que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solo aplicaron la ley para cancelar las candidaturas de FÉLIX SALGADO MACEDONIO y RAUL MORÓN a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, también es muy cierto que ambas instancias se pasaron por el arco del triunfo la voluntad ciudadana que, en forma democrática, decidió su participación en el actual proceso electoral.

Obviamente, los abogados en Derecho argumentarán que “la ley es dura, pero es la ley” y que, por lo tanto, debe aplicarse tal y como lo establece el articulado, lo cual, por supuesto, es congruente.

Sin embargo, no es lo mismo aplicar la máxima penalidad a un delincuente en potencia, sea cual fuere el delito cometido, que la sentencia de una pena severa tan solo porque no se justificaron gastos de precampaña por el orden de 14 mil y 19 mil pesos, respectivamente, que es el “grave delito” de los ex candidatos morenistas.

Por la aplicación “cuadrada” de la normatividad, sin pizca de criterio y en una acción que podría estar asociada a satisfacer intereses de otra índole, los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF “les valió un cacahuate” los ejercicios democráticos en Guerrero y Michoacán, a pesar, incluso, que los ciudadanos de la primera entidad mostraron su apoyo a SALGADO MACEDONIO en un par de ocasiones.

Es decir, para el árbitro electoral y el Tribunal es de mayor relevancia la omisión en declarar gastos de precampaña del orden de tristes 33 mil pesos entre FÉLIX y RAÚL, que la voluntad democrática de los guerrerenses y michoacanos.

Ah, pero eso sí, dieron cabal cumplimiento a eso que dice “la ley es dura, pero es la ley”.

Aplicar todo el rigor de la ley en casos de homicidio calificado, violación, secuestro, terrorismo, etc., etc., es más que justificado. Pero ningunear un ejercicio democrático y violentar la voluntad popular aplicando la pena máxima, realmente es un fallo injustificado y un golpe a la democracia.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que “FÉLIX SALGADO MACEDONIO y RAÚL MORÓN actuaron de manera dolosa al tomar una actitud de resistencia para informar sus gastos de precampaña e intentaron engañar a la autoridad con mentiras y contradicciones”.

Tan simple como preguntarse ¿en qué beneficiaría a SALGADO o a MORÓN esconder o no presentar sus gastos de precampaña por 14 y 19 mil pesos respectivamente? Por supuesto que se cometió una infracción al reglamento; pero decretar la cancelación de sus candidaturas cuando bien pudo aplicarse una sanción económica a ellos o a su partido, es una decisión que si bien la arropa “la ley es dura, pero es la ley”, también exhibe un criterio obtuso de los juzgadores y, además, el nulo respeto a la democracia y la voluntad popular.

La lógica y el sentido común conllevan al cuestionamiento obligado ¿qué es más grave: la no justificación en tiempo y forma de 33 mil pesos de gastos o el avasallamiento a la voluntad popular? La controversial decisión del INE y el TEPJF no solo perjudicó a dos candidatos y un partido político; la onda expansiva alcanzó a miles y miles que representan la democrática voluntad popular.

Ah, pero “la ley es dura, pero es la ley”.

Aunque, a decir verdad, nunca será lo mismo hacer respetar la ley para evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados, lo que es justo y necesario, que cancelar dos candidaturas por el “grave delito” de no haber declarado gastos por 33 mil pesos.

Ni hablar.

DESDE EL BALCÓN:
I.-Se da por descontado que el pleno legislativo en San Lázaro convertido en Jurado de Procedencia aprobará el desafuero del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. De acuerdo al dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, existen elementos que validan la presunción de delitos.
El siguiente paso jurídico-constitucional será definir si el Congreso Local decidirá finalmente si procede o no el desafuero al mandatario estatal; si se concreta a elegir al gobernador interino; o, si se da paso a eventual desaparición de poderes con respaldo del Congreso de la Unión.

II.-El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que lidera FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ está en serio predicamento por el apoyo millonario al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) que representa ADRIANA URREA TORRES. Una investigación periodística de LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ demuestra documentalmente el apoyo a la organización sindical que está enfrentada con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

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