Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el incremento creciente de la violencia familiar en general y de las mujeres en particular se hace necesario que ellas no puedan otorgar el perdón a sus victimarios ante la ley.
La Diputada Patricia Pimentel Ramirez, Representante del Partido Movimiento Ciudadano, apunta que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación a sus derechos humanos y tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación que históricamente se ha ejercido contra ellas.
Afirma que más de la mitad de las mujeres que denuncian la violencia que padecen en sus hogares terminan otorgan el perdón a sus agresores, debido a la reconciliación con sus parejas o el temor de perder el apoyo económico en sus hogares, ya que en múltiples casos dependen del sueldo de sus esposos para sostener la alimentación y educación de sus hijos.
Los motivos por los cuales las víctimas otorgan el perdón a sus agresores son diversos como, la cultura, la presión de la sociedad, las ideologías de género, entre otros; en este sentido, otorgar el perdón al agresor por parte de las víctimas de violencia familiar se ha convertido en el obstáculo principal para disminuir la violencia, además, en muchos casos recae en agresiones más severas.
Las personas sometidas a una situación de maltrato en forma sistemática desarrollan un estrés postraumático, esto tiene un efecto cognitivo de la persona y no se le ocurre pensar en una salida a la situación en que vive. Es decir, la persona queda con la mente en blanco:
“No puede pensar ni defenderse, no ve una salida; porque la violencia psicológica daña más que cualquier otra cosa; la desvalorización hace que la víctima se anule como persona y no pueda reconocer sus capacidades de defensa. Con el estrés pierde la posibilidad de darse cuenta de que puede salir de esa situación: Y es cuando otorgan el perdón:
“Con esto, romperemos ese círculo de violencia y otorgaremos seguridad a las víctimas; combatir la violencia es un trabajo de todas/os.
Menciona que ser violentada o violentado por algún familiar no debe ser motivo de vergüenza, se trata de un problema que desgraciadamente afecta a un gran número de personas en el país y que no distingue entre condición social, nivel educativo o género.
Puntualiza que el Estado tiene la obligación de atender y prevenir esta problemática, por ello las personas que sufren este tipo de abusos en el propio ámbito familiar deben ser protegidas, mediante leyes y políticas públicas, además de que la sociedad en general debe de ser informada sobre las características del fenómeno, sus consecuencias y como combatirlo.
Comparte que en México se registró un aumento del 22.31% en las llamadas al 911 por mujeres violentadas durante marzo y los asesinatos de mujeres incrementaron un 6.3%. En un contexto de confinamiento, en algunos estados el delito de violencia familiar creció 18.9% en el primer trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior y que se agudiza con el aislamiento domiciliario medida de prevención impulsada por el Gobierno ante la pandemia del Covid-19.
