Cd. Victoria, Tamaulipas.-En los últimos 12 meses, se ha registrado en Victoria un incremento del 44% en los casos presentados y denunciados de violencia familiar, siendo uno de los nueve municipios en donde se concentran las demandas de este tipo.
De acuerdo al reporte mensual que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el balance estadístico se sustenta en que en noviembre del 2020 se registraron 314 demandas y en octubre de este año fueron 415 los expedientes que se generaron.
En el informe se detalla que la zona centro es en donde las familias han denunciado más sucesos violentos, -197-, le sigue la colonia Azteca con 133 denuncias, la Libertad con 128, la Guadalupe Mainero con 84 y la colonia Moderna con 77.
Es de mencionar que el reporte corresponde a las llamadas verificadas en la linea de emergencias 911 y se consideran llamadas reales a partir del código de cierre de la autoridad que atendió el llamado.
De manera general Victoria ocupa el segundo lugar en casos de violencia familiar en el estado, teniendo en lo que va del año 4, 820 casos, solo esta debajo del Municipio de Reynosa que encabeza la lista con 5, 662 denuncias recibidas.
Al respecto vale mencional que el Código Penal Tamaulipas en su artículo 368 bis. apunta;
Comete el delito de violencia familiar, el integrante de una familia que ejerza maltrato físico, psico-emocional o económico en contra de cualquier otro miembro de la familia, independientemente de que produzca o no lesiones en la víctima.
Para los efectos de este capítulo, se considera miembro de familia:
a) El cónyuge o concubino;
b) Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado;
c) Los parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado;
d) Adoptantes o adoptados; y
e) El incapaz sobre el que se es tutor o curador.
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.
Este delito se perseguirá, a petición de parte ofendida.