Cd. Victoria, Tamaulipas.-Después de las denuncias por delitos patrimoniales que han generado en Tamaulipas, 3, 587 demandas; los casos de violencia registrados en el seno familiar, ocupan el segundo lugar con 2,107 denuncias generadas
Los cifras mencionadas son dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, resalta la necesidad de reforzar los esfuerzos institucionales para atender está pandemia.
En este contexto en unas iniciativa presentada el el Congreso, Diputados locales proponen fortalecer el marco jurídico del Estado de Tamaulipas en el combate a la violencia familiar, incorporando en la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Tamaulipas el deber de todos los servidores de Tamaulipas, servidores públicos de las dependencias estatales y no solo los directamente implicados en el manejo y atención de casos de violencia familiar.
Así como informar sobre cualquier caso que se les presente, además de poner a disposición los servicios disponibles para su atención y canalización a las instancias correspondientes cuando hubiesen sufrido daño físico o emocional.
Se expone que en el marco normativo nacional, existe la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que obliga al estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas establece principios rectores para acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.
Se define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
Aunado a ello, considera que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan los estados y municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar.
Se agrega en la propuesta legislativa que el Estado debe garantizar a las mujeres su seguridad y al ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Se reconoce que problema de la violencia como problema complejo que necesita ser atendido desde los más diversos ángulos y en los diferentes puntos de los procesos individuales y familiares de quienes están en situaciones de violencia.
La propuesta legislativa se encuentra debidamente fortalecida por una necesidad social y soportada por un marco normativo que impone al Estado la obligación de intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas.