Cd. Victoria, Tamaulipas.-Siendo el delito de violencia familiar uno de los más persistentes en Tamaulipas se pone en evidencia la necesidad de reforzar los esfuerzos institucionales para atender está pandemia.
A nivel legislativo se propone fortalecer el marco jurídico del Estado de Tamaulipas en el combate a la violencia familiar, incorporando en la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Tamaulipas el deber de todos los servidores de Tamaulipas, servidores públicos de las dependencias estatales y no solo los Directamente implicados en el manejo y atención de casos de violencia familiar.
Así como informar sobre cualquier caso que se les presente, además de poner a disposición los servicios disponibles para su atención y canalización a las instancias correspondientes cuando hubiesen sufrido daño físico o emocional.
En iniciativa presentada se expone que en el marco normativo nacional, existe la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que obliga al estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas establece principios rectores para acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.
Se define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
Aunado a ello, considera que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan los estados y municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar.
Se reconoce que problema de la violencia como problema complejo que necesita ser atendido desde los más diversos ángulos y en los diferentes puntos de los procesos individuales y familiares de quienes están en situaciones de violencia.
Se considera que la propuesta legislativa se encuentra debidamente fortalecida por una necesidad social y soportada por un marco normativo que impone al Estado la obligación de intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas.