Nunca antes, el Congreso de los Diputados aquí en Madridhabía estado tanpolarizado, con sesiones incendiarias en las que cotidianamente los grupos más conservadores recuerdan al actual presidente, el socialista Pedro Sánchez, que es un traidor de la Constitución por haber pactado con los grupos independentistas catalanes una Ley de Amnistía.
También ha ofrecido una serie de concesiones a los nacionalistas vascos como la administración de su propia Seguridad Social y para los catalanes hasta el perdón de la deuda por 15 mil millones de euros y que manejen las cuentas de su propia Hacienda Pública.
Todo a cambio de sus votos para lograr ser investido (otra vez) como presidente del gobierno por otros cuatro años más. Lo ha conseguido por 179 votos, una mayoría absoluta, que en una democracia parlamentaria es fundamental para gobernar a pesar de que perdió las elecciones en las urnas.
Sánchez logró esos apoyos porque se ha propuesto concederles a los políticos catalanes y a muchos activistas presos en las cárceles españolas, entre 2012 y 2023, un perdón en forma de amnistía para permitir que los políticos fugados puedan regresar a Cataluña sin pasar por la justicia y sin pisar la cárcel.
Para permitir que los presos, por proclamar la independencia de Cataluña en 2017 y muchos activistas proindependentistas y antiespañoles, puedan ser liberados de prisión.
Ese pacto está siendo la mayor condena moral contra Sánchez. Cada sesión en el Congreso es un choque de fuerzas, porque el Partido Popular desde su postura conservadora le espeta a gritos al inquilino de la Moncloa que él es un títere de los independistas. Sobre todo de Carles Puigdemont, el entonces presidente del Govern de Cataluña fugado a Bélgica tras promover el referendo independentista y declararla por breves 15 segundos.
Sánchez ha vendido su alma al diablo a cambio de quedarse por otro período de gobierno y ha ofrecido una Ley de Amnistía que todos saben en España será el principio de la ruptura del país ibérico. Porque los catalanes no renuncian a llevar a cabo otro referendo independentista y los vascos, han dicho, que ellos también harán lo propio.
A COLACIÓN
El próximo 12 de diciembre en el hemiciclo ubicado en Carrera de San Jerónimo, los 350 legisladores discutirán sobre la aprobación de esta ley bajo la pretensión de que sea aprobada de urgencia a más tardar en enero.
¿De qué va la Ley de Amnistía? Bajo el título de la “Ley de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña”, señala esta legislación como un paso necesario para superar las tensiones provocadas por el proceso político que ha tenido lugar en los últimos años en Cataluña y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene a una parte de la población alejada de las instituciones estatales españolas”.
En cuanto a las acciones que están cubiertas por la ley, se enumeran en el artículo 1 del texto que se incluyen en la amnistía las acciones para exigir o promover la independencia de Cataluña; acciones tipificadas como delitos de usurpación de funciones públicas o malversación de fondos públicos derivadas del proceso independentista; acciones de difusión del proyecto de independencia, recopilación de información o conocimiento sobre experiencias similares u obtención del apoyo de otras entidades.
También incluyen las acciones de asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables del proceso independentista; acciones consideradas de usurpación de funciones o malversación de fondos para financiar o pagar el proceso; actos de desobediencia, incluidos los desórdenes públicos, la agresión contra una autoridad o la resistencia para permitir la celebración de los referendos; delitos de abuso de autoridad relacionados con la aprobación de leyes para hacer posible el referéndum; la crítica a las autoridades y a los funcionarios públicos o a los símbolos y emblemas, en manifestaciones o actividades artísticas y similares; acciones de desobediencia y acciones contra el orden público y la paz vinculadas al proceso independentista; así como las medidas adoptadas en el curso de las operaciones policiales.
A su vez, el artículo 2 especifica los casos que están excluidos de la amnistía, que incluyen actos intencionales con resultado de muerte, aborto, pérdida de órganos o extremidades; tortura o tratos inhumanos; tenencia y tráfico de armas; delitos de traición a la patria y contra la paz o la independencia del Estado y relacionados con la defensa nacional; delitos que afecten a la independencia financiera de la UE; y delitos motivados por el racismo o la discriminación.
En cuanto a la responsabilidad penal, señala que el órgano judicial competente deberá ordenar la inmediata liberación de las personas beneficiarias de la amnistía que se encuentren en prisión; que se borren los antecedentes penales derivados de la condena por la ley de amnistía; y se anularán las órdenes de detención y prisión de las personas a las que se aplique esta amnistía, así como las órdenes de detención españolas, europeas e internacionales.
En materia de responsabilidades en la administración del Estado, la ley ordena el archivo definitivo de todos los procedimientos administrativos iniciados para la aplicación de las responsabilidades administrativas por las actuaciones del proceso de independencia, así como el levantamiento de todas las medidas cautelares.
Todas estas medidas tendrán que ser aplicadas por los órganos judiciales implicados en cualquier fase en la que se encuentre el proceso judicial y tendrán que llevarse a cabo “con carácter preferente y urgente”. Estas revisiones de sentencias también incluirán a los líderes del proceso independentista que recibieron indultos en 2021.
Si bien Sánchez tiene mayoría en el Congreso para aprobar esta ley, no tiene consigo al Senado porque el PP mantiene una posición predominante y falta ver una rebelión de jueces, juristas, magistrados y constitucionalistas que quieren impedir a toda costa que Sánchez y los independentistas se salgan con la suya.
