Se pone a disposición de la comunidad una línea telefónica -834 31 8 5130-, así como un correo electrónico para denunciar las 24 horas – quejasydenuncias.fgj@fgjtam.
Los líos penales de servidores públicos no son nada nuevo, de ello da cuenta la estadística, en donde el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública hace un recuento histórico de los casos mencionados; dando cuenta que en el 2017 se dieron 296 denuncias, en el 2018 fueron 620, en el 2019, 594; en el 2020, 472 y en el 2021, 409, en tanto en el 2022, 427 y en el 2023 se documentan 454 casos; dando un total de 3, 272 funcionarios involucrados en asuntos legales.
Se detalla por ejemplo que pedir dinero a cambio de agilizar un trámite es un delito.
En el Código penal en su articulo 208 esta establecido:
ARTÍCULO 208.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Estado y los Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado, o en el Poder Judicial, o que manejen recursos económicos estatales.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente.
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado de Tamaulipas por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.