Nuevo Laredo, Tamaulipas.-A dos años de la emboscada que costó la vida a cinco jóvenes en la colonia Pancho Villa, familiares de las víctimas viven sentimientos encontrados, por una parte, la tristeza al recordar a sus hijos y por otra, celebran la reciente sentencia condenatoria contra cuatro militares responsables del ataque.
El veredicto, emitido el pasado 24 de febrero, marca un precedente en la lucha contra la impunidad de las Fuerzas Armadas en México.
“Hoy pueden decirle al mundo, pueden decirle al país que esos crímenes no quedaron impunes, que ese abuso de la autoridad tendrá consecuencias y esas consecuencias pudieran ser si el juez así lo determina, una pena drástica y ejemplar para que nunca más en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en México se vuelva a dar una masacre como la que ocurrió hace dos años”, señaló Raymundo
Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El 26 de febrero de 2023, un grupo de jóvenes que regresaba de una salida nocturna fue atacado por militares del 16º Regimiento de Caballería.
Según las pruebas presentadas en el juicio, los Cabos de Caballería, Agustín “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N” dispararon sin motivo alguno, asesinando a Gustavo Ángel Suarez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez, hiriendo a Alejandro Pérez; sobreviviendo al ataque Luis Gerardo Silva.
Las familias de las víctimas denunciaron la agresión como una masacre.
Durante la audiencia, el juez Juan Gonzaga Sandoval destacó la brutalidad del ataque y la falta de justificación para el uso de la fuerza letal. “No fue un enfrentamiento, fue una ejecución”, declaró el magistrado.
La sentencia contempla una pena de hasta 40 años de prisión para los militares responsables, aunque el fallo final sobre la duración de la condena se determinará en los próximos días.
Los padres de las víctimas manifestaron su dolor y su alivio tras conocer el veredicto.
“Hoy sentimos un poco de paz porque se hizo justicia”, afirmó Humberto Arturo Suárez, padre de una de las víctimas. “Nada nos devolverá a nuestros hijos, pero al menos sabemos que sus asesinos pagarán por lo que hicieron”.
Los abogados de las familias, José Roberto Puente Martínez y Edgar Netro Acuña, resaltaron que el proceso judicial fue complicado y que el caso pudo haber quedado impune si no hubiera sido por la perseverancia de los afectados.
“Tuvimos que llevar el caso hasta instancias internacionales y enfrentarnos a un sistema que muchas veces protege a los responsables”,
explicó el abogado Puente Martínez.
Diversos colectivos de derechos humanos celebraron la sentencia, considerándola un hito en la lucha contra la impunidad militar en México. Sin embargo, alertaron que aún hay muchos casos similares sin resolución y exigieron mayor transparencia en los operativos militares.
Las familias de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades para evitar que tragedias similares se repitan.
“Queremos que esta sea la última vez que padres lloran a sus hijos por un abuso de poder”, declaró Dora María Ramos, madre de uno de los sobrevivientes. Mientras esperan la sentencia definitiva, los afectados continúan su lucha por la justicia y la memoria de sus seres queridos.
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