• ¿Los presidentes deben estar enterados de lo que afecte la seguridad nacional?
• A Maru Campos se le ataca por ser del PAN
• La sensación de culpa de gobernadora orbita ya entre la sociedad
Cuando en septiembre del 2019 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Chihuahua En Voz Alta, ante periodistas, sociedad civil y funcionarios de aquella entidad: “Nada de que el presidente no sabe o no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. ¡Mentira!, el presidente de México se entera de todo”, nunca imaginó que esas palabras tendrían un brutal efecto mediático y político que afectaría al actual régimen presidencial, y que polarizaría aún más a la sociedad mexicana.
Ese mismo año mencionó: “Si hacen una tranza grande, grande, es porque el presidente lo permitió”, lo que da a entender que lo que ocurra actualmente en este país, sobre todo lo que se relacione con asuntos estratégicos, de seguridad nacional, de soberanía y de gobernabilidad, debe ser del conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aunque no sea una obligación saberlo todo, sí es su responsabilidad tener conocimiento de lo que afecte la seguridad nacional.
Lo que dijo en ese momento el ex presidente López Obrador encierra una gran verdad, ya que todos los presidentes de México, sin excepción, hayan sido del PRI, del PAN, o sean de Morena, estaban y están enterados de todo lo que ocurra o se haga en México en materia de seguridad nacional, y cobra sentido y relevancia por lo que sucedió hace unos días en ese mismo Estado con la muerte de dos presuntos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Este comentario viene a colación luego de darse a conocer ante la opinión pública por medios de comunicación extranjeros, que ambos agentes colaboraban con agentes de la Fiscalía estatal en posibles operativos de detección y desmantelamiento de supuestos laboratorios clandestinos para la fabricación de droga, operativos que de acuerdo a la versión de la presidenta de México, no eran de su conocimiento, por lo que responsabilizó y culpó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos Galván, quien terminará su mandato el próximo año.
Maru Campos gobierna la entidad con la camiseta del PAN, y ha sido una firme crítica del régimen del ex presidente y de la presidenta Claudia; fue alcaldesa, diputada local y federal, y la primera mujer que gobierna ese Estado bajo los principios del fundador histórico de su partido, Manuel Gómez Morín, pero con una doctrina muy conservadora y afín a los principios de la Democracia Cristiana, basada en el humanismo cristiano, la ética pública y la lucha contra la corrupción, aunque actualmente dicha doctrina se haya desvirtuado entre su dirigencia y militancia.
Tal vez por eso Morena, desde el régimen de López Obrador hasta el actual régimen de Claudia Sheinbaum ataca desde su tribuna mañanera a los sectores que considera son los más conservadores del país, como el PAN, el PRI, los ricos, los empresarios y quienes no piensan igual que ella o que se atreven a criticarla.
El ataque, los comentarios ofensivos y la embestida de la presidenta, de sus colaboradores y de Morena contra la oposición, aunque ésta no sea política ni partidista, tiene un alto sentido histórico porque se basa en hechos, normas y acciones del pasado.
Al ser contextualizados a modo, hacen ver a la oposición ante la opinión pública como la responsable de la inseguridad, de la corrupción, de la pobreza, del desempleo y de todos los males y problemas que aquejan al país.
Pero más que acusaciones sin fundamentos sólidos, lo que hace Morena contra la oposición, en particular contra el PAN es una diferenciación ideológica más que sociológica, porque califica en vez de analizar, acusa y desacredita sin pruebas contundentes.
Se trata pues, de una estrategia política e ideológica orientada a deslegitimar a la oposición, sean partidos políticos, empresarios, periodistas, medios de comunicación, activistas, políticos o sociedad civil, con la única finalidad de desprestigiarlos al ubicarlos en un bloque estigmatizado que contraste con su proyecto de transformación humanista, un proyecto que genera tensión política y social además de proyectar una mala imagen hacia el exterior.
Bajo esta óptica, ante el error cometido por la gobernadora de Chihuahua al no haber informado en tiempo y en forma a la presidenta de la incursión ilegal o no, de los agentes estadounidenses, es muy probable que se le aplique el Artículo 123 del Código Penal Federal al haber incurrido en un acto de posible Traición a la Patria por haber permitido el ingreso de agentes extranjeros, y colaborar o apoyar a personal extranjero en tareas que violen la soberanía nacional, la integridad y la independencia de México.
La responsabilidad es muy clara y se puede aplicar ya sea por omisión o por comisión, tal vez por haber mantenido relaciones de inteligencia con un gobierno extranjero, no autorizadas por el gobierno mexicano.
Sin embargo, pese a todo ello, la presidenta de México y Morena lo que están haciendo contra la gobernadora de Chihuahua es un posible inchamiento político seguido de una campaña de descrédito y acoso, no contra ella como persona, sino contra lo que representa: un gobierno de oposición a Morena, el PAN, en momentos de tensión político electoral por la cercanía de unas elecciones que el próximo año se realizarán en 17 estados del país.
Por ello, a partir del error cometido por Maru Campos, el objetivo de la presidenta y de Morena es destruir a toda costa su reputación como política y como panista, hasta afectar su carrera política futura, toda vez que aspira a la candidatura para presidente de la República para el año 2030.
No es fortuito el ataque sistemático que sufre la gobernadora, es la gran oportunidad del régimen de la 4T para matar políticamente a una peligrosa adversaria mediante una presión política constante, buscando el apoyo de la opinión pública, de medios de comunicación y a través de redes sociales.
Y aunque las pruebas existen, la manipulación que hacen la presidenta y Morena de la información existente en este caso, polariza aún más a la sociedad, amplifica los ataques y crea en la sociedad un ambiente de culpa extrema contra la gobernadora.
Antes de que pueda haber un juicio legal justo en su contra, el daño, el linchamiento y la sensación de culpa ya orbita en la atmósfera social y política, y se deja que la sociedad actúe como un juez implacable antes del veredicto jurídico o judicial final.
En este contexto tan polémico y complejo surgen preguntas: ¿La presidenta Claudia debió estar enterada de la incursión de los agentes extranjeros por ser su responsabilidad el velar por la seguridad nacional?, ¿Es linchamiento político lo que hacen contra la gobernadora?, ¿Por qué tanta saña contra la oposición, cuando en Morena hay políticos que han cometido presuntos actos de corrupción y no se les castiga? ¿Será enjuiciada políticamente, o solo quedará en el intento? Usted amigo lector tiene la última palabra.
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Hasta mañana
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