Tampico, Tamaulipas.–Para exigir el pago de gastos legales o el señalamiento de bienes para su embargo, un equipo de asesores Jurídicos con su cliente, un actuario, acompañados de elementos de la Guardia Estatal, acudieron hoy a la institución bancaria Banorte, ubicada en la avenida Hidalgo; sin embargo, nunca les abrieron la puerta.
El abogado Juan Ramón Montellano Mendoza y la abogada Marisela Curiel Bautista, y el Lic. Ezquiel Santiago, asesores jurídicos del señor Ernesto Juárez Del Ángel, representante legal de la Empresa Alpasto S. A de C.V., quienes estaban en el exterior de la institución bancaria Banorte, informaron que acudieron para realizar una diligencia legal.
“Estamos aquí para realizar una gestión judicial a través del Juzgado para requerimiento de pago por concepto de costas legales que el banco le debe de otorgar a la empresa, esto en virtud de que Banorte demando a Alpasto por una cantidad de 10 millones 900 mil pesos del cobro de un crédito”.
Indicaron que recurrió a ellos el señor Ernesto Juárez del Angel para que lo defendieran y resulta que ese crédito que la institución bancaria estaba cobrando ya antes lo había vendido o cedido a otra empresa denominada Solida Administradora de Portafolio y una vez que se celebro el juicio y se desahogaron las audiencias, Juicio Oral
Mercantil, se determinó mediante sentencia que no procedía la acción de Banorte en contra de Alpasto; sin embargo, no se condeno al pago de costas judiciales que es todos los gastos judiciales por concepto también de honorarios que el señor ha erogado.
Explicó que se tramitó el amparo directo y en su momento se le concedió en favor al señor para que se volviera a emitir una nueva sentencia y se emitió en las mismas condiciones determinando procedente la acción de Banorte; sin embargo, lo condeno al pago de las costas judiciales.
“El problema es que ya se liquidaron esas costas judiciales por una cantidad de 2 millones 200 mil pesos, cosa que ya se le requirió voluntariamente al banco, pero el banco quiere llegar hasta las últimas instancias que ellos lleguen a cerrar el incumplimiento.
Nuestro cliente se encuentra preocupado porque estamos hablando de una sentencia del 2022 y han pasado 4 años independientemente que tuvieron que agotar su amparo para que fuera posible condenar las costas judiciales. Ahorita venimos es a través de una gestión judicial con el actuario a través del juzgado para hacer el cobro de esa cantidad o en el menor de los casos señalen bienes para embargar”.
Para realizar el señalamiento de bienes tiene que estar presente el apoderado legal de la institución bancaria, pero hoy se acercaron y tocaron la puerta y nadie le abrió ni a los asesores legales, el actuario, que eran acompañados por elementos de la Policía Estatal.
Externaron que la molestia de los clientes es la tardanza para poder ejecutar, siendo diversas las cantidades, que algunas son mínimas, como esta de más de 2 millones de pesos.
Además, refirieron que Banorte le está requiriendo al cliente la entrega de los bienes, cuando él ya no es el dueño y todo eso se le acredito a un juez con copia certificada de la escritura de la sesión de derechos, junto con certificados informativos que emite el Registro Público de la Propiedad donde se dice que de alguna manera ya no es el banco el que tiene derechos, sino una tercera persona que se llama la empresa RENOVI S.A.
Manifestó que también hay un sistema electrónico porque el sistema judicial tiene el SIARA, que requiere información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver los activos que hay, pero por desgracia el cambio de titulares en juzgados evita que eso sea rápido porque cada que cambia de titular hay que actualizar la firma SIARA, y están atorados al llevarse un tiempo de 3 a 4 meses.
El asunto se lleva a cabo en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia.
Por su parte, el afectado, señaló que ha surgido esa situación, y se hace un llamado a la comunidad para que no se dejen, que hagan valer sus derechos y espera que se haga justicia, que paguen.
La institución bancaria, ubicada en la avenida Hidalgo estaba abierta a los derechohabientes, pero al ver la comitiva que estaba en el exterior cerraron sus puertas y no atendieron al actuario ni a los asesores legales del afectado.
