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MEXICO, DF, 3 de septiembre (apro).- Hay evidencias documentadas de que en los últimos tres años las mujeres hemos vivido un profundo retroceso en derechos, posición pública, empleo y capacidad organizativa.
Hace unos días, al cierre de la LX Legislatura, Elsa Conde, del Partido Socialdemócrata (PSD), integrante del pequeño grupo de legisladoras feministas, reveló que las diputadas progresistas tuvieron que enfrentar en resistencia un cúmulo de acciones, algunas fallidas, contra los avances de las mujeres.
Atemperaron una larga andanada contra la anticoncepción de emergencia, hubo un error en la reforma electoral que vio disminuir, en lugar de aumentar, las bancas para las mujeres; el priismo nacional se unió al panismo para declarar, vía modificaciones a la Constitución en 14 entidades del país, al neonato con personalidad jurídica y considerar eliminadas las excepciones que permiten el aborto legal.
Por primera vez en casi cien años hay mujeres perseguidas y algunas encarceladas por haberse practicado un aborto.
De la misma forma se aumenta el presupuesto para políticas públicas, pero no se avanzó en los instrumentos de vigilancia y rendición de cuentas, a pesar de haber varias iniciativas.
Mientras tanto, en esos tres años aumentó la violencia contra las mujeres, y ningún estado del país se ha hecho cargo de que existen dos leyes generales, una para la igualdad entre mujeres y hombres y otra para garantizar a las mujeres una vida sin violencia.
Lo más grave es que, desde el comienzo de la Legislatura, dos instancias importantes, como son la Comisión Especial para el Feminicidio y el Centro de Estudios y Avance para las Mujeres, quedaron en manos de la extrema derecha, con el signo del Partido Acción Nacional (PAN).
En estos momentos hay un nuevo debate para definir su presidencia y por tanto el tono y la forma en que serán conducidos los trabajos legislativos.
El retroceso admitido oficialmente y por escrito por la diputadas, que apenas hace una semana entregaron el cargo, tiene muchas vertientes: el gobierno panista que lucha contra el Estado laico; la falta de organización de las mujeres y su debilidad palmaria para negociar; la crisis económica y la cruenta lucha por el poder en lo que conocemos como la realpolitik.
En una reunión desangelada, donde unas cuantas diputadas salientes, se diría en resistencia, y apenas cuatro mujeres de la nueva bancada que ya está en funciones, examinaron apuradamente lo que ha pasado con las demandas programadas de las mujeres y tuvieron que reconocer que hubo pasos para atrás y que se amenaza con llevar al Congreso de la Unión la prohibición absoluta del aborto; la restricción en el uso de anticonceptivos y, adicionalmente, muchas de las nuevas diputadas del PRI, como lo hizo la gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, están encantadas con el retroceso.
Las leyes, de igualdad y para una vida sin violencia, simplemente no pueden aplicarse, no sólo porque hay “virreinatos” en las entidades que caminan para atrás, en algunas, como la de Guerrero, los delitos de violencia contra las mujeres y la privación ilegal de la libertad son considerados no graves, y en otras, como Guanajuato, sencillamente se negó la instalación de un alerta de género, prevista en la ley, pero que no se admite.
No se ha conseguido definir el delito de feminicidio, a pesar de varias iniciativas y contundencias tan lacerantes como que ya van en este año 62 asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua; 52 en Sinaloa y una veintena en el Estado de México. Las iniciativas están archivadas, así como las denuncias en todo el país.
Esta situación plantea grandes desafíos para las diputadas feministas, unas cuantas que consiguieron llegar a la XLI Legislatura. Solamente cuatro firmaron un compromiso con las mujeres feministas de la sociedad civil, todas de los partidos de izquierda, porque Beatriz Paredes, dirigente del PRI, otrora aliada de las feministas, ni siquiera contestó la invitación, ni protestó porque sus correligionarios y las priistas en los Congresos locales votaron y a veces promovieron las leyes del neonato.
Es evidente que la crisis nos ha tocado en todos sentidos. Los discursos se han convertido en acciones de la extrema derecha, timorata, que con frecuencia tiene doble discurso, pero que al cegar derechos sexuales y reproductivos, votar con trampa una ley electoral que impidió una mayor presencia femenina en la Cámara, está contra toda la historia de las mexicanas que, a principios del siglo XX, fueron la vanguardia en la lucha por la justicia para las mujeres.
De todas formas, no es posible pensar en el fracaso absoluto. En la reunión de referencia, Francisco Hernández Juárez, líder visible de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), firmó el pacto con las feministas, me declaró que considera un derecho el que las mujeres decidan sobre su maternidad y se comprometió a hacer una labor de promoción de los derechos de las mujeres entre los trabajadores y la Cámara.
A ver si con ese compromiso, puesto que hay muchísimas mujeres trabajadoras, que vacían sus fuerzas en la doble jornada, que mueren en abortos clandestinos, están viviendo la amenaza del desempleo y han visto disminuir sus salarios, podemos enderezar en el Congreso y en la sociedad este terrible retroceso de la política violenta y antidemocrática de Felipe Calderón y los poderes de facto que hoy toman las decisiones fundamentales en este país.
El reto es también para las mujeres organizadas en el movimiento feminista, en las organizaciones no gubernamentales y en las de derechos humanos. A ver si se puede iniciar un camino que aglutine y llame a las mujeres de todas las ciudades y pueblos de este país para que defiendan sus derechos y su vida, porque los abortos clandestinos las matan.
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