GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a las denuncias de familiares y víctimas de tortura, perpetrada por elementos del Ejército Mexicano en cuarteles militares en Tijuana, Baja California.
El pasado jueves 5, luego de participar en una audiencia pública en la que se expusieron las violaciones a los derechos humanos en el marco del combate al narcotráfico en Tijuana, el organismo resolvió acudir a esa ciudad fronteriza para recabar información sobre las detenciones ilegales y los arraigos de policías municipales y ministeriales, así como de civiles que permanecieron en los cuarteles de la II Zona Militar, donde fueron torturados por elementos del Ejército.
En las ediciones 1701 y 1722, Proceso dio cuenta de las detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura y arraigo de policías y civiles a quienes se les involucra con el crimen organizado, mismos que han denunciado ser víctimas de violaciones a sus garantías individuales.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), durante la audiencia pública los comisionados de la CIDH escucharon los testimonios de Blanca Mesino Nevarez, representante de familiares de 25 policías municipales procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y recluidos en el penal de alta seguridad de Nayarit, así como de Luis Castellanos Hernández, hermano uno de los 11 policías arraigados en un hotel en Tijuana.
También conocieron el testimonio de los exagentes ministeriales Jorge Lomelí y Julio César Magdalena, quienes fueron víctimas de tortura, así como de Reyna Martínez, madre de uno de los cuatro civiles procesados por secuestro y recluidos en Nayarit.
Durante la audiencia, víctimas y familiares detallaron que bajo el argumento del combate al crimen organizado, en Tijuana se han realizado detenciones ilegales de personas que son conducidas a cuarteles militares, donde luego son torturadas para autoinculparse y para que involucren a más personas en presuntos delitos de alto impacto.
Acompañados a la audiencia por los presidentes de la CMDPDH y CCDH, Juan Carlos Gutiérrez y Raúl Ramírez Bahena, así como por el coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, las víctimas y sus familias aseguraron que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad “no sólo han sido omisos en la documentación oportuna de las quejas, sino también en las visitas a los arraigados; incluso han inducido a los familiares de las víctimas a retirar las denuncias penales y las quejas por tortura”.
El comunicado destaca que durante la audiencia, “los familiares de las presuntas víctimas manifestaron su plena disposición de que si sus parientes detenidos incurrieron en delitos de cualquier índole, se les procese y se les juzgue conforme a derecho, pero que no admiten la fabricación de pruebas obtenidas mediante tortura”.
De acuerdo con el texto, a la audiencia pública asistieron el director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín; el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Víctor Hugo Pérez Hernández, y la directora de Control y Seguimiento de la SSP de Baja California, María Elena Rodríguez Ramos.
A nombre del Estado mexicano, Guevara se comprometió a atender las quejas y a continuar el diálogo con las organizaciones civiles y con los quejosos.
Un día después de presentar sus denuncias ante la CIDH, familiares y víctimas de tortura, acompañados de los representantes de las organizaciones civiles que los representan, se entrevistaron con asesores del Comité de Asignaciones de la Cámara baja, responsable de la designación presupuestal para la asistencia internacional y la cual determina los fondos para México bajo la Iniciativa Mérida, así como con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. En ambos encuentros reiteraron sus quejas.
