En México, se calcula, anualmente desaparecen 45 mil menores de edad; en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco es donde se registran el mayor número de casos, y se estima que terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño.
La mayor parte, según cifras de la Procuraduría General de la República y de organizaciones no gubernamentales, corresponde a menores de entre 4 y 12 años; en segundo lugar se encuentra el rango de 0 a 3, y en tercero, menores de 13 a mayores de apenas 18 años.
Además, la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe en promedio al mes 20 casos, de los cuales se logra recuperar a cuatro o cinco menores en el mismo lapso; asimismo, reporta que de los asuntos que recibe, 50 por ciento corresponden a sustracción por parte del padre o la madre sin el consentimiento de la pareja, 20 por ciento a robo de infante, y 30 por ciento a desaparición de menores, personas adultas y discapacitados.
Así lo señaló el diputado panista Agustín Castilla, quien dijo que presentará un punto de acuerdo al pleno de la cámara para que las autoridades federales y locales implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relacionado con la salida y entrega de los recién nacidos a los padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes, así como en los albergues y centros educativos.
Señaló que de acuerdo con la Unidad Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores de la PGR, entre 2005 y 2006 se reportó que cerca de 32 mil niños fueron robados o extraviados.
Sin embargo señaló que las cifras no se han actualizado, y que contrastan con los de algunas organizaciones no gubernamentales, “como la Fundación de Padres y Madres de Niños Perdidos, que estima que 500 mil menores han desaparecido en los últimos cinco años”.
El legislador solicitará al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del DF, revisen la normatividad relacionada con la protección de los derechos de niños y adolescentes, y la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como centros educativos, albergues y hospitales.
