-La organización Amnistía Internacional (AI) señaló que México es un país peligroso para la defensa de las garantías individuales y, como ejemplo, documentó más de 15 casos de ataque y amenazas contra defensores de derechos humanos entre 2007 y 2007. jueves 21 de enero, 02:41 PM.
-EL UNIVERSAL/EnLineaDIRECTA.
MÉXICO, D.F.- Sin embargo, expresó al mismo tiempo su beneplácito por el compromiso adoptado por México en la materia y por el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha respaldado “todas las recomendaciones” formuladas al respecto por la Organización de Naciones Unidas.
En su reporte “Ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en México”, el organismo concluyó que las autoridades -en los tres niveles de gobierno – no cumplen con su obligación de proteger a estas personas frente a los homicidios, hostigamiento y agresiones.
Lo que es peor, suelen ser ellas mismas los verdugos.
“Los responsables de los abusos que sufren quienes defienden los derechos humanos son en ocasiones autoridades locales, estatales o federales”, destacó el reporte.
En el mejor de los casos, agregó, les incriminan con motivos falsos y cuando ganan sus apelaciones, no reciben disculpa alguna.
“La posibilidad de recibir reparación es aún remota”, sentenció AI.
Entre los casos que forman parte del reporte, el organismo citó las muertes de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron hallados muertos el 20 de febrero de 2009 en Teconoapa, Guerrero, “una de las regiones en las que los defensores y defensoras suelen correr grave peligro” en el país.
Lucía y Ponce eran dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos; sus cuerpos fueron hallados con las manos y los pies atados a la espalda.
AI también incluyó las muertes de los ecologistas Aldo Zamora, acribillado el 15 de mayo de 2007 en el estado de México a los 21 años y Fernando Mayén, un abogado abatido a tiros el 12 de marzo de 2008, también en la entidad mexiquense.
Otro caso fue el de Santiago Rafael Cruz, un defensor de los derechos de los migrantes, quien murió el 9 de abril de 2007 a consecuencia de las heridas provocadas por una golpiza en su oficina del Foro Laboral Obrero Campesino en Monterrey, Nuevo León.
Como rasgo distintivo, el cadáver de Santigo tenía las manos y los pies atados; “le habían golpeado brutalmente en la cabeza y la cara”.
Por último, el dossier hizo mención de la muerte de Ricardo Murillo Monge, miembro del Frente Cívico de Sinaloa, organización que denuncia los abusos cometidos presuntamente por la policía y el ejército en ese estado, desangrado por el flagelo del narcotráfico.
El cadáver de murillo fue hallado en su automóvil, aparcado frente a un centro comercial, con el infaltable disparo en la cabeza.
“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, sostuvo Nancy Tapias Torrado, investigadora de AI, cuya opinión fue incluida en el reporte.
No obstante, el organismo manifestó su satisfacción por el compromiso internacional de México de México para con los derechos humanos y por el hecho, sostuvo, de que el gobierno ha respaldado todas las recomendaciones (…) formuladas en el examen periódico universal de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llevado a cabo en febrero de 2009.
“Las autoridades deben ahora convertir estos compromisos en resultados concretos para la sociedad civil y para los defensores y las defensoras en peligro”, demandó.
