Leticia Robles De La Rosa
Excelsior.com:
El borrador de la Ley Antisecuestros, que se debate en comisiones del Senado, asienta que se castigará con prisión de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa a quienes perpetren plagios exprés, “desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.
Además, contempla penas de 25 a 50 años para los secuestradores que hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.
También si tienen vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o trabajo con la víctima o persona relacionada con ésta; a quien cause lesión, tortura, violencia sexual a la víctima o incluso le provoque la muerte.
Los senadores del PAN Alejandro González Alcocer; del PRI, Jesús Murillo Karam, y del PRD, Tomás Torres Mercado, refrendaron su disposición a aprobar la primera Ley Antisecuestro de México, que se discute hoy en comisiones del Senado, pero aclararon que no cederán a presiones políticas o de tiempo para aprobar puntos que pueden ser más peligrosos que benéficos para el país.
Los tres legisladores, quienes desde la semana pasada han dedicado largas horas a realizar cambios en el proyecto de dictamen, consensuaron sacar de él temas polémicos como informantes anónimos con recompensas y agentes infiltrados, aunque todavía trabajarán más la parte de los testigos protegidos. Coincidieron en que se trata de una ley muy delicada.
La semana pasada, Murillo Karam logró los consensos para aprobar por unanimidad en comisiones la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pero también se dio tiempo para sentarse con González Alcocer y Tomás Torres a construir la ley antiplagios.
“Se trata de una ley difícil, porque toca el delito más grave que se comete en contra de un ser humano. No podemos descuidarnos, y que en lugar de ayudar dejemos algunas lagunas que puedan ser utilizadas por los delincuentes.
“Tenemos que ser respetuosos del espíritu de la Constitución, pero también ofrecer a las víctimas un sistema de justicia mucho mejor”, precisó el también Habrá cárcel hasta por 50 años a ex policías que rapten
El borrador de la Ley Antisecuestros, que se debate en comisiones del Senado, asienta que se castigará con prisión de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa a quienes perpetren plagios exprés, “desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.
Además, contempla penas de 25 a 50 años para los secuestradores que hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.
También si tienen vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o trabajo con la víctima o persona relacionada con ésta; a quien cause lesión, tortura, violencia sexual a la víctima o incluso le provoque la muerte.
Los senadores del PAN Alejandro González Alcocer; del PRI, Jesús Murillo Karam, y del PRD, Tomás Torres Mercado, refrendaron su disposición a aprobar la primera Ley Antisecuestro de México, que se discute hoy en comisiones del Senado, pero aclararon que no cederán a presiones políticas o de tiempo para aprobar puntos que pueden ser más peligrosos que benéficos para el país.
Los tres legisladores, quienes desde la semana pasada han dedicado largas horas a realizar cambios en el proyecto de dictamen, consensuaron sacar de él temas polémicos como informantes anónimos con recompensas y agentes infiltrados, aunque todavía trabajarán más la parte de los testigos protegidos. Coincidieron en que se trata de una ley muy delicada.
La semana pasada, Murillo Karam logró los consensos para aprobar por unanimidad en comisiones la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pero también se dio tiempo para sentarse con González Alcocer y Tomás Torres a construir la ley antiplagios.
“Se trata de una ley difícil, porque toca el delito más grave que se comete en contra de un ser humano. No podemos descuidarnos, y que en lugar de ayudar dejemos algunas lagunas que puedan ser utilizadas por los delincuentes.
“Tenemos que ser respetuosos del espíritu de la Constitución, pero también ofrecer a las víctimas un sistema de justicia mucho mejor”, precisó el también secretario general del PRI.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional también implicó al perredista Tomás Torres, porque acompañó la génesis con diversos cambios; ahora también tiene la responsabilidad de la Ley Antisecuestro y adelanta a Excélsior su ánimo de “poder ofrecer al país, ya, este instrumento legal, sobre todo porque ya hemos logrado quitarle muchos de los puntos que en verdad eran un exceso.
“Aún hay puntos que no nos convencen del todo”, aseguró.
Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, y quien lleva el liderazgo en este proceso, recuerda que si bien este instrumento legal se ha tardado, eso no significa que el Senado no haya atendido el tema: al contrario, se ha trabajado en grupos técnicos y los senadores han hecho correcciones.
Este lunes, informó, el dictamen será discutido por los senadores y como ya incluye observaciones de los diputados, se prevé aprobarla de manera conjunta a la brevedad posible.
La nueva Ley Antisecuestro obligará a los concesionarios de las redes de telecomunicaciones a proporcionar a las autoridades policiacas de todo el país “la información relativa al número telefónico que se les indique y los datos del cliente”, además de “asistencia técnica y la información que requieran los ministerios públicos”.
El dictamen dispone también de un programa de protección de personas, que “quedará a cargo de la unidad especializada que determine el titular del Ministerio Público de la Federación”.
