COMO si no fuera suficiente el embate del crimen organizado en contra de periodistas y comunicadores, ahora los trabajadores de la información también están resintiendo el trato violento de los soldados del Glorioso Ejército Mexicano.
El exceso de fuerza empleado por los militares, luego de un enfrentamiento con una célula perteneciente a un cártel de la droga, la semana pasada en Nuevo Laredo, generó el natural repudio del gremio periodístico y de la sociedad en general.
Las imágenes grabadas en el lugar de los hechos dejan fuera de toda duda el abuso cometido por tres soldados encapuchados en contra de los comunicadores ABISAI RUBIO, RICARDO RAMIREZ y ANTONIO NEFTALY GOMEZ.
Cobardemente, al amparo de las armas nacionales, el trío de militares agredió a los periodistas quienes tan sólo cumplían con su trabajo informativo.
Cierto es que el nerviosismo y la adrenalina invadían, en esos momentos, a las fuerzas castrenses, pero de ahí a no tener capacidad de diferenciar un reportero de prensa provisto de una cámara de video de un delincuente armado de una metralleta R-15 o de las conocidas como “cuerno de chivo”, de plano, no tiene justificación alguna.
Justo ahí es donde cobra relevancia la insistencia ante la Cámara Federal de Diputados de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), en la elaboración de un protocolo de seguridad que establezca los límites de la actuación militar y policial, para proteger la integridad de los periodistas y comunicadores que cubren determinado evento.
Hechos de alto riesgo tales como ejecuciones y secuestros, necesariamente obligan la cobertura informativa de los medios de comunicación, por lo que es urgente una definición al respecto, máxime que son sucesos cotidianos que van de la mano con la guerra del gobierno federal en contra de los cárteles de la droga.
Como suele suceder, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha reconocido abuso alguno ni mucho menos ofrecido disculpas a los informadores agredidos y sus respectivos medios de comunicación.
Cabe señalar que, al respecto, la FAPERMEX, que preside ROBERTO PIÑON OLIVAS, y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) que representa en México TEODORO RENTERIA ARROYAVE, enviaron cartas de protesta al presidente de la república, FELIPE CALDERON HINOJOSA, y al gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
Dada la prepotencia y arbitrariedad de la SEDENA, la escasa importancia que para el gobierno federal tienen las agresiones a periodistas y el temor fundado del gobierno estatal, realmente es poco el resultado que debe esperarse de las misivas, salvo la postura firme en defensa de sus agremiados de ambas instituciones que aglutinan al gremio periodístico organizado en el país y en Latinoamérica.
Apenas algunos días antes se habían registrado las ejecuciones 110 y111 de periodistas en los estados de Chihuahua y Nuevo León, casos que, al igual que los otros, permanecen en la impunidad.
Como mero dato estadístico vale la pena precisar que de la cifra mortal, 45 asesinatos se han registrado en lo que va del actual gobierno federal, 12 de los cuales han ocurrido en los primeros seis meses del año en curso.
Así de grave es la situación que prevalece en México para los trabajadores de la información, quienes, además, deben soportar las agresiones por las fuerzas castrenses y policiales a pesar de que su función es proteger a la sociedad.
El descrédito de las instituciones militares y policiacas de los tres órdenes de gobierno ha llegado al grado de que no se tienen confianza entre ellas ni mucho menos coordinación.
Como ejemplo citaremos el puesto de revisión de equipaje, maleta por maleta, que llevan a cabo efectivos del Ejército Mexicano a viajeros de llegada en las instalaciones del aeropuerto internacional Servando Canales, bajo el argumento de combate al narcotráfico y contrabando de armas.
El pasado miércoles por la noche, el subteniente a cargo del operativo argumentó, ante la inconformidad los pasajeros, que desconfiaban de los maleteros que prestan sus servicios en las diferentes líneas aéreas.
Lo que el novel militar no toma en cuenta es que la seguridad aeroportuaria está a cargo de la Policía Federal. Es decir, el mismo gobierno y el mismo patrón.
Una unidad canina para revisión de equipaje en las aeronaves que tienen como destino la frontera norte sería de mayor efectividad.
Asimismo, la identificación del pasajero a la hora de documentar en la aerolínea, durante su paso por el filtro de seguridad y antes de abordar el avión, debería ser más que suficiente para que la Policía Federal en el aeropuerto no tenga que hacer funciones de oficiales de Migración.
Y hasta la próxima.
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