En los últimos años, la extorsión telefónica es uno de los delitos que más ha crecido en México, según datos oficiales. Y para solucionar el problema, en el Congreso se propuso impartir clases entre empresarios y ciudadanos para que aprendan a defenderse de los criminales.
La propuesta causó polémica. Algunos dicen que sería un mecanismo útil dado el clima de violencia que vive el país.
Pero otros advierten que servirá de muy poco.
“Es absurdo, las autoridades, en lugar de atacar las causas, se van por la fácil: entrenar empresarios para evitar el delito”, le dijo a BBC Mundo Eduardo Gallo, presidente de la organización independiente México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
El delito de extorsión tuvo un crecimiento importante en los últimos años. Según el ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 2002 hubo 50 denuncias por extorsión. Siete años después, en 2009, la cifra aumentó a 50.000.
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Miedo
La propuesta de educar contra el delito fue presentada por la senadora Elena Orantes, y será discutida cuando el Congreso concluya su receso, en septiembre próximo.
Aprovechan el temor que ha generado la violencia extrema de las organizaciones criminales del narcotráfico en sus asesinatos.
Elena Orantes, senadora
El objetivo es que el Ministerio de Economía capacite a empresarios y comerciantes para que aprendan a reaccionar ante un chantaje.
Y es que según la senadora, para los delincuentes es relativamente fácil atrapar a sus víctimas.
“Aprovechan el temor que ha generado la violencia extrema de las organizaciones criminales del narcotráfico en sus asesinatos”, señaló al presentar su iniciativa en el Congreso.
Las clases antiextorsión podrían ser útiles, sobre todo en regiones con índices elevados de delincuencia, reconoció Jorge Camaal, presidente del Centro Empresarial de Yucatán, en el sureste del país.
“Todo ayuda, cualquier cosa hecha cuidadosamente y en coordinación es útil en estos días”, dijo en conversación con BBC Mundo.
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Métodos variados
En México las extorsiones más comunes se cometen por vía telefónica.
No sólo entran teléfonos a los penales, sino también cualquier cantidad de chips con líneas distintas. Ahora se tienen muchos números con el mismo aparato.
Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD)
Las personas reciben una llamada y generalmente escuchan el llanto de un niño que pide ayuda. Si la víctima tiene hijos, la primera reacción es preguntar por su nombre, lo cual aprovechan los extorsionadores para advertir que su familiar está secuestrado.
Para liberarlo, los delincuentes demandan un depósito bancario o el envío de un giro postal con una fuerte cantidad de dinero.
En otros casos los delincuentes se hacen pasar por policías que han detenido a un presunto familiar acusado de delitos graves.
Pero desde el año pasado las extorsiones incluyen otro tipo de amenaza, generalmente contra empresarios y comerciantes: los delincuentes se hacen pasar por integrantes de un cartel de narcotráfico, como Los Zetas o La Familia, para exigir dinero a cambio de no secuestrar a su familia.
Este método es el que más víctimas cobra, incluso entre personajes famosos.
En mayo pasado, por ejemplo, el ex campeón de boxeo Humberto González, conocido como La Chiquita, fue extorsionado por un grupo que amenazó con asesinar a su familia.
Desde prisión
El Ministerio de Seguridad Pública ha documentado que muchas llamadas de extorsión se hacen desde 78 prisiones, donde se concentra el 75% de los reos del país.
Los presos utilizan teléfonos móviles que obtienen de manera ilegal, porque en México, como en otros países, está prohibido el ingreso de estos aparatos a las cárceles.
Desde 2004 las autoridades se comprometieron a bloquear las señales de teléfonos móviles en las prisiones, pero no lo han hecho, afirmó Gallo.
“No sólo entran teléfonos a los penales, sino también cualquier cantidad de chips con líneas distintas. Ahora se tienen muchos números con el mismo aparato”, explicó.
La mayoría de las cárceles mexicanas son controladas por gobiernos locales. Recientemente SNSP advirtió que, este año, todos los estados deben bloquear la señal de telefonía móvil en al menos dos cárceles cada uno.
Quienes no cumplan perderán el dinero que el gobierno federal entrega para el mantenimiento de las prisiones.
