Benny Cruz Zapata/EnLíneaDIRECTA
Victoria, Tamaulipas.- El Estado debe tomar medidas tendientes a apoyar a la mujer que atraviesa por el escabroso proceso de un aborto, de tal modo, que sin consentir la práctica de esa conducta, se otorgue a la mujer la oportunidad de lograr una recuperación plena para continuar con el desarrollo de su vida.
Al exponer lo anterior el diputado Felipe Garza Narvaez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura que está por concluir; indicó que, uno de los logros obtenidos por esta, son los mandatos legales relativos a las mujeres que viven situaciones como las mencionadas a las que lejos de criminalizar, se les debe proporcionarle atención en materia de salud y, de otra índole, que le ayude a prevenir o superar las graves consecuencias generadas por el aborto.
Cabe señalar que con las reformas y adiciones a la Constitución Política local concretadas por Congreso, en el castigo al delito del aborto en Tamaulipas establecido en el Código penal del Estado, se sustituye la sanción de cárcel a las mujeres que incurran en este ilícito, por tratamiento médico integral hasta lograr su recuperación plena; asimismo, aumentarán las sanciones que incluyen la privación de la libertad, a los médicos o quienes directa o indirectamente presionen, coaccionen o ayuden a la práctica del aborto.
Reiteró el legislador que la reforma constitucional a favor del derecho a la vida mantiene intactas las excusas absolutorias del Código Penal del Estado, en los casos de violación, y/o riesgo a la vida o de su salud, de las mujeres embarazadas.
Aseguró, Garza Narváez que en ningún caso las reformas aprobadas aumentaron las penas para la mujer, ya establecidas en el Código Penal del Estado para el delito de aborto, sino por el contrario, incorporaron la facultad del juez para permutar la pena de cárcel por el apoyo médico integral.
Destacó que de ninguna manera se concederá el beneficio de sustituir la sanción privativa de la libertad por el de tratamiento médico integral, a la mujer que reincida en la comisión del delito de aborto.
Las reformas legales contemplan sancionar a las personas, parejas, concubinos, cónyuge, médicos, parteros o enfermeros que, directa o indirectamente, presionen, coaccionen o ayuden a la práctica de un aborto. Las penalidades en este sentido aumentarán cuando ese ilícito sea cometido en contra de mujeres menores de edad, en contra de su voluntad o que sea incapaz.
