SIN ánimo alarmista ni mucho menos patético, lo cierto es que la prioridad actual en Tamaulipas es que vuelva la seguridad en las carreteras que cruzan lo largo y ancho de su geografía.
Los atracos a mano armada, enfrentamientos, ejecuciones masivas y, lo más reciente, el asesinato de una misionera estadounidense son claros ejemplos del riesgo que significa transitar a través de esas vías de comunicación por la entidad.
Los puestos de control militar y vigilancia terrestre han resultado insuficientes para contrarrestar ese flagelo que mantiene asolados a los usuarios carreteros.
Por supuesto que el riesgo de quedar atrapado en medio de dos fuegos o bien sufrir el decomiso de la unidad motriz y pertenencias personales no se circunscribe a los ejes que cruzan la entidad, pues lo mismo sucede en áreas rurales y urbanas citadinas.
Lamentablemente, el asesinato de la religiosa norteamericana NANCY SHUMAN DAVIS se suma a la larga lista de hechos sangrientos que han colocado a Tamaulipas en el estrado negativo de los escenarios nacional e internacional.
Apenas el año pasado la entidad ocupó los principales espacios mediáticos con la ejecución masiva de 73 centroamericanos en una zona rural de San Fernando y ahora, de nueva cuenta, ese municipio del centro tamaulipeco vuelve a ser noticia en el plano mundial.
La impunidad con que actúan y se desplazan por las carreteras federales y estatales sicarios al servicio de los cárteles de la droga está generando una situación caótica entre los diversos sectores de la sociedad tamaulipeca.
Lo mismo miembros de la iniciativa privada que funcionarios públicos, además de maestros y representantes de elección popular han sido víctimas de la cada vez más alarmante inseguridad.
Es ya un reclamo generalizado que la autoridad estatal y federal tomen cartas en el asunto y eviten salir por la tangente al amparo de argumentos que no aportan, finalmente, ningún beneficio.
Ya es tiempo que Federación y estado tomen el toro por los cuernos llevando como bandera el bien común, sin importar si tal o cual delito debe ser combatido por las fuerzas estatales o federales.
La muerte violenta de la misionera estadounidense podría convertirse en el parte aguas de la postura asumida hasta ahora por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Quizá no al grado de una intervención armada de sus fuerzas policiales en nuestro país, pero sí bajo una política de mayor intervención por parte de sus agencias especializadas en combatir el crimen y a los criminales.
Por lo pronto, las investigaciones se llevan a cabo de manera conjunta entre la Procuraduría de Justicia Estatal y el Buró Federal de Investigaciones del vecino país del norte.
La actividad que desempeñaban en México la mujer extranjera y su marido prácticamente ha acaparado la atención ciudadana y la exigencia de justicia en ambos lados de la frontera.
Cierto es que en el noreste del país, el estado de Nuevo León lleva mano en eso del recrudecimiento de la violencia. Sin embargo, también es una verdad de a kilo que los hechos delictivos en Tamaulipas colocan a la entidad entre las regiones más inseguras de la República Mexicana.
En comparación odiosa, los ciudadanos regios sufren por las balaceras en plena metrópoli y zona conurbada, mientras que los cuerudos, principalmente, durante sus desplazamientos por las carreteras que cruzan el estado.
Para colmo de males, los enfrentamientos, intercambio de fuego y estallidos de artefactos explosivos se ha recrudecido en las últimas horas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Reynosa.
Ni la gira de trabajo del gobernador EGIDIO TORRE CANTU ni su impresionante dispositivo de seguridad fueron impedimento para que se suscitaran, la semana pasada, hechos violentos en aquella petrolera población.
A juzgar por los resultados del Operativo Noreste del gobierno federal, es evidente que la acción de las fuerzas federales y militares no ha logrado someter a los cárteles de la droga que se disputan el territorio tamaulipeco.
En el norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas siguen ocupando la atención de la opinión pública ante el grave clima de inseguridad.
Obligados por las circunstancias y, obviamente, con la razón que les asiste, diputados locales de la actual legislatura analizan opciones que les permitan cumplir cabalmente con su responsabilidad ciudadana y que al mismo tiempo les generen confianza y seguridad en sus desplazamientos hasta y desde la capital del estado.
Amargas experiencias de al menos cinco representantes populares han encendido los focos rojos en ese Poder de Tamaulipas.
Argumentan, con mucha razón, por cierto, que si el Poder Ejecutivo ha blindado por decreto su función pública, por qué no podría hacer lo mismo el Legislativo.
DESDE EL BALCON:
Recientemente citábamos la extraña ausencia del asesor y operador político PEDRO SILVA del equipo del alcalde ALFONSO SANCHEZ GARZA.
No obstante, comienza a trascender que el experimentado político orienta al edil desde una posición del anonimato.
Es de suponerse que motivos importantes o muy poderosos obliguen a que ese tipo de asesoría no se brinde de manera transparente.
Y hasta la próxima.
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