EL asesinato del General Brigadier MANUEL FARFAN CARRIOLA, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública en Nuevo Laredo, es una prueba más de que la militarización de los mandos policiales no necesariamente es garantía de sometimiento del crimen organizado.
El trágico hecho, ocurrido la semana pasada en aquel puerto fronterizo, cobró la vida, además, de sus escoltas y gente de confianza en su responsabilidad que tan sólo ejerció durante 33 días.
Desafortunadamente, su distintivo de grado militar, consistente en el águila y una estrella, no fue obstáculo para que balas asesinas le arrebataran la vida junto con sus acompañantes, luego de que un comando armado emboscó al convoy del malogrado militar en retiro y jefe policial neolaredense.
La experiencia adquirida en cargos similares en los estados de Morelos y Michoacán no fue suficiente para que el General Brigadier FARFAN CARRIOLA percibiera que su vida estaba en peligro desde el momento mismo que tomó protesta a ese cargo del orden civil.
Como es natural, el trágico hecho mantiene preocupados tanto al gobernador del estado EGIDIO TORRE CANTU como al secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, general UBALDO TINOCO AYALA.
Mientras el primero ha reforzado su ya de por sí aparatoso y numeroso equipo de seguridad, el segundo, en cambio, ha fortificado las instalaciones bajo su responsabilidad, convirtiéndolas en un verdadero “búnker” supuestamente impenetrable.
Pero no tan sólo en ambos servidores públicos la zozobra e incertidumbre ya forma parte de su diario vivir. También los jefes policiales militares asignados en otros municipios tamaulipecos “sienten pasos en la azotea”, coloquialmente hablando.
Luego del atentado a su compañero de armas en Nuevo Laredo, les queda en claro que el fuero militar no es sinónimo de imbatibilidad a la hora de enfrentar a los sicarios al servicio de los distintos cárteles de la droga que operan en el territorio tamaulipeco.
El problema se recrudece por la ambigüedad de intereses de los grupos en pugna que exigen impunidad en sus actividades ilícitas, colocando en una verdadera disyuntiva a quienes tienen a su mando las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Ahora que, si la militarización de los cuerpos de seguridad obedece a un paso previo para la integración del Mando Unico, eso corresponde simple y sencillamente a una óptica distinta de enfoque.
Seres humanos de carne y hueso, salvo su formación militar basada principalmente en la disciplina y lealtad como única diferencia entre lo castrense y lo civil.
Por lo tanto, resulta un verdadero reto para coroneles o generales en retiro el hecho de no tener mando entre el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El quid del asunto es que tienen que trabajar con personal civil, mismo que, generalmente, está contaminado por la corrupción forzada o voluntaria, salvo las honrosas excepciones que confirman la regla.
Lo peor del caso es que la militarización de las policías locales no tan sólo no es suficiente para enfrentar y someter al crimen organizado, sino que, además, coloca cada vez más en estrados menores a las gloriosas fuerzas armadas defensoras de la Patria.
Que grupos civiles con tácticas de la milicia no teman y enfrenten a las fuerzas castrenses habla del poderío de aquéllos, a juzgar por los resultados del intercambio de fuego en diferentes lugares de la República Mexicana.
Aunque, claro está, mientras el gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA no cambie de estrategia en su lucha en contra de los cárteles de la droga, difícilmente se logrará su sometimiento.
También, muy difícilmente, volverá la tranquilidad a los hogares mexicanos, la seguridad en las carreteras nacionales y, sobre todo, la recuperación del prestigio de las fuerzas armadas aztecas.
La actual descomposición del mapa delincuencial en el país prácticamente mantiene en zozobra lo mismo a los ciudadanos de buen vivir que a sus respectivos gobernantes, en la mayoría de las entidades federativas.
Durante las últimas semanas, la actividad bélica se ha recrudecido en los estados del norte y del centro de la Nación como consecuencia de la disputa del territorio nacional para el trasiego de estupefacientes y otras actividades ilícitas.
Como si el yerro de sacar a la milicia de los cuarteles, sin preparación policial y sin más estrategia que el clásico “topón”, como se le denomina en el argot policial al cruce de grupos rivales, otro más está acaparando la atención ciudadana.
Resulta que la SEDENA ha anunciado el uso de un sofisticado y reforzado vehículo militar con el cual enfrentará a sicarios mafiosos.
Con blindaje nivel cinco y torreta giratoria en 360 grados para el montaje de un arma de grueso calibre y alta densidad de fuego, el moderno equipo móvil será enviado a los estados del norte del país.
La unidad está equipada para trasladar hasta ocho efectivos y soportar el fuego de ametralladoras calibre 50 milímetros y granadas de fragmentación.
Seguramente el anticipado anuncio militar llevó como objetivo inyectar cierta dosis de tranquilidad y confianza a la sociedad mexicana.
Sin embargo, la crítica se ha centrado en lo innecesario y contraproducente que podría resultar el sobre aviso a los grupos delincuenciales del reforzado equipo con que los enfrentará la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por supuesto que, al respecto, asiste la razón.
Y hasta la próxima.
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