VAYA problema que tiene en sus manos el gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA con el asesinato del General de División JORGE JUAREZ LOERA en el municipio de Naucalpan, estado de México.
Primero, porque se trata de un militar de muy alto rango tan sólo por debajo de la jerarquía de un Secretario de la Defensa Nacional y, obviamente, del Jefe de las Fuerzas Armadas en México.
Segundo, porque los sabuesos federales habrán de presentar a la brevedad posible al autor material del homicidio, así se trate de un “chivo expiatorio”.
El rápido esclarecimiento de los hechos y captura de los responsables de la muerte del agente federal estadounidense JESUS ZAPATA, ultimado en una carretera federal del estado de San Luis Potosí, obliga al gobierno calderonista a resolver a la voz de ya el homicidio del General de División del Ejército Mexicano.
Si el atentado que costó la vida al jefe militar derivó de un percance vial o bien se trata de un ataque de la delincuencia organizada, eso es lo de menos. Al gobierno mexicano le urge presentar un detenido con relación al caso para evitar la natural crítica ciudadana que se apoya en ese viejo refrán que cita “candil de la calle y oscuridad en la casa”.
La nueva baja que registra la SEDENA y que se suma a la pérdida de vidas de tropa, oficiales, jefes y generales al servicio del Glorioso Ejército Mexicano, es un indicativo claro de cómo la presencia del crimen organizado poco a poco se acerca al mismo Distrito Federal.
Cierto es que la urbe capitalina no es el mejor territorio para la operatividad de la delincuencia organizada. Sin embargo, los hechos sangrientos y ejecuciones en la capital azteca y en la entidad más poblada de la República, representan una situación verdaderamente preocupante.
Sobre decir que la imagen de la procuración de justicia mexicana quedaría aún más por los suelos si en los días por venir la Procuraduría General de la República no presenta, al menos, al o los autores materiales del asesinato del General de División JORGE JUAREZ LOERA.
La prontitud con que se resolvió el atentado que costó la vida al policía federal yanqui, originario del estado de Texas, JESUS ZAPATA, dejaría muy mal parado al país y al propio Jefe del Ejecutivo Federal si no se actúa de igual manera con el asesinato del militar mexicano de muy alto rango.
Papa caliente o caso difícil es lo que tiene actualmente en sus manos el gobierno federal como consecuencia de la escalada de violencia que registra la nación y los “daños colaterales” como califica el presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA la pérdida de vidas humanas inocentes.
Por cierto, ese tipo de efectos colaterales se han manifestado, últimamente, en Tamaulipas.
La Procuraduría Estatal de Justicia ha reconocido el estallido de granadas de fragmentación en establecimientos comerciales de ciudad Victoria y la fuga masiva de reos del Centro de Ejecución de Sentencias de ciudad Reynosa.
La explosión de un artefacto explosivo en una estación de servicio de Petróleos Mexicanos ubicada en las calles 19 y Veracruz, por fortuna, no arrojó desgracias personales que lamentar.
Asimismo, la excarcelación furtiva de los 17 reos procesados del penal reynosense presuntamente tiene su autoría en una acción premeditada de la delincuencia organizada que opera en esa región norte de la entidad.
Como era de esperarse, en ambos casos las indagatorias policiales no han logrado identificar ni detener a los responsables del acto terrorista ni tampoco capturar a los internos fugados.
Otras calamidades del mismo origen enfrentan deportistas victorenses y empresarios de la zona conurbada que comprende los municipios de Tampico, ciudad Madero y Altamira, allá en el ex sólido sur.
Resulta que en la capital cueruda, soldados del Ejército Mexicano tomaron como centro de mando y concentración las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica ubicadas por el rumbo de la calzada Tamatán.
Quienes acuden diariamente a ejecutar sus práctica deportivas se toparon con que las instalaciones para mantener el cuerpo y mente sana, estaban ocupados por fuerzas castrenses.
Como es natural, las reacciones ciudadanas no se hicieron esperar solicitando la intervención inmediata de la autoridad estatal en materia deportiva.
Por otra parte, con más de lo mismo, es frustrante conocer como empresarios de la zona conurbada del sur tamaulipeco han decidido abandonar la región y suspender inversiones en diferentes rubros.
De acuerdo a lo manifestado por el presidente del Consejo Empresarial del Puerto de Altamira, SALVADOR DESCHAMPS BETANCOURT, aproximadamente 600 empresarios de la zona han decidido abandonar la entidad y refugiarse en otras latitudes nacionales o en el extranjero.
El dirigente empresarial es claro al manifestar que tampiqueños, maderenses y altamirenses tiene interés de invertir pero que los acontecimientos violentos obligan a reconsiderar sus planes de expansión.
Tales son los daños colaterales de la guerra calderonista contra los cárteles de la droga y la papa caliente que tiene en sus manos la Procuraduría General de la República.
Y hasta la próxima.
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