– Su gobierno ajeno a la violencia
Hugo Reyna/EnLíneaDIRECTA
Reynosa, Tamaulipas.- Con la misma serenidad e impávido ante la tragedia y el dolor por la sangre inocente derramada en las calles en su lucha contra la delincuencia que ha costado miles de vidas humanas. Felipe Calderón, presidente de la república se empeña en visualizar el problema nacional como reflejo de la penetración de la delincuencia en todos los ámbitos de gobierno – con excepción del suyo- frente a la barbarie de los hechos ocurridos en Monterrey, el mandatario nuevamente recurre a endosar la culpa a los gobiernos estatales y municipales a quienes acusa de no cumplir sus iniciativas en materia de seguridad, pero mas allá de su discurso que durante 4 años y 9 meses mantuvo ajeno de la realidad, Calderón tácitamente aceptó- por fin- que la estrategia no solamente ha sido errónea, si no que ha asomado al país a niveles de terror nunca antes visto.
En una gira realizada a la ciudad regiomontana, en donde acudió a montar una guardia luctuosa en memoria de las 53 víctimas contabilizadas hasta ahora, tras el ataque perpetrado en contra de clientes del casino “Royale”, el presidente Calderón se dejó llevar nuevamente por el discurso manoseado de trasfondos partidistas y políticos, en un evidente fallido intento de tratar de distraer las acusaciones y reproches hacia su gobierno que fue quien inició la lucha contra las bandas de delincuentes, optó por endosar la responsabilidad a los gobiernos estatales y locales.
En un mensaje difundido en cadena nacional, Felipe Calderón lanzó: “Al Congreso de la Unión le pido respetuosamente que dote a los Gobiernos estatal y Federal y, en particular, a las Fuerzas Federales, de la certidumbre jurídica en su actuar, y de las atribuciones legales indispensables para enfrentar con eficacia a semejante amenaza a la seguridad nacional. Este asunto debe resolverse ya.
A los gobiernos estatales y municipales, les pido acelerar el paso para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y con las disposiciones que establece la Ley de Seguridad Pública y el marco normativo en la materia.
No cabe duda que el avance de los criminales se explica, también, poderosamente, por la enorme corrupción que prevalece en las instituciones de seguridad y de justicia en distintas regiones del país y en distintos órdenes de Gobierno, que ha penetrado estructuras de poder, y ha dejado, en muchos casos, a la sociedad indefensa, porque quienes están encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos, no pocas veces están, más bien, al servicio de los criminales.
En su análisis que no tuvo cabida alguna para la autocrítica a su gobierno y si repartir generosamente la culpa a otros sectores, también tuvo reproches para el sistema judicial mexicano, el mismo que el ha pisoteado varias veces, como la imposición de tropas militares en tareas civiles sin antes haber reformado la Constitución.
A los jueces y magistrados, el presidente los regañó: -No me cabe duda de la honestidad de la mayoría de los jueces y magistrados. Pero también es cierto que la impunidad rampante que se vive en el país obedece, también, a que por una u otra razón, los criminales no obtienen el castigo que merecen a la hora de ser juzgados. Se dice que es por la impericia de los Ministerios Públicos. Es algo que debemos revisar y, desde luego, corregir.
Pero también es posible que el poder corruptor de la criminalidad haya penetrado las estructuras judiciales que no están exentas de ese riesgo y es obligado revisar esa posibilidad. Al mismo tiempo, le pido que revise sus propios criterios, a fin de encontrar la manera de cerrar la brecha, una brecha que se abre cada día más, entre la existencia de un hecho criminal y los criterios jurídicos que hacen posible su castigo.
La retórica oficial en plenitud ante la tragedia de muchos agraviados y para quienes las palabras de consuelo intentadas por el presidente, les sonaron huecas y como si se trátese de un mitin o discurso político.
