MIENTRAS las autoridades de los tres niveles de gobierno no elaboren un proyecto rector que se constituya en el detonante turístico de la playa Bagdad, difícilmente se avanzará en ese importante rubro de la industria sin chimenea.
La anarquía que impera actualmente en el máximo paseo matamorense impide la certificación del balneario, como paso previo a la adjudicación de recursos federales y, además, la inversión pública y privada.
El círculo vicioso que trae consigo el factor económico, infraestructura insuficiente, irregularidad en la tenencia de la tierra y la apatía de servidores públicos es, en esas condiciones, muy difícil de romper.
Lo peor del caso es que en cada temporada veraniega se observa cómo necesarios servicios son manejados por particulares, sin control alguno.
Cuestión de analizar la instalación de “sombras” en el lado norte de la playa Bagdad que impide a los bañistas disponer de esos espacios que, aparentemente, están concesionados a poco más de 40 restauranteros.
La privatización de rústicos servicios sanitarios, la venta inmoderada de bebidas alcohólicas y la comercialización de ostiones, por ejemplo, son actividades que no son reguladas por la autoridad competente.
Las dependencias municipales Control Ambiental, Alcoholes y Administración de la Playa se hacen de la vista gorda, muy similar a como actúan los inspectores locales de Riesgos Sanitarios.
Hoy en día, las concesionadas estructuras de madera y lonas han generado polémica entre el Ayuntamiento y la representación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Resulta que ni la autoridad local ni la federal reconocen haber autorizado esos espacios a los restauranteros que operan en ese tramo de litoral.
El ingeniero VICTOR CASTAÑEDA VELASCO, delegado de la SEMARNAT en la región, reconoce que la dependencia a su cargo sólo ha autorizado el uso de suelo en donde se encuentran establecidos ese tipo de comercios, más no el área de bañistas de sus respectivos frentes.
En contraparte, el municipio se deslinda de cualquier responsabilidad con el argumento de que esos espacios ocupados para la renta de “sombras” pertenecen a la Federación.
Otro ejemplo de mala planeación es la construcción de una barandilla de policía en la playa, con recursos del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).
Organismos camarales y asociaciones civiles sugieren que esa infraestructura sea convertida en un museo, como un atractivo más para los turistas nacionales y extranjeros.
Como es evidente, resulta más que necesario que los tres órdenes de gobierno coordinen esfuerzos para lograr un desarrollo ordenado de ese destino turístico que a la vez genere esparcimiento social y promueva la inversión privada.
Un plan rector evitaría la aparición de conjuntos habitacionales privados que sólo generan provecho a particulares, como es el caso concreto de una unidad inmobiliaria que se localiza al sur de la entrada principal al balneario.
En base a sus intereses, los inversionistas privados pretenden que el Municipio prolongue el boulevard costero un kilómetro y medio más, que es la distancia que separa al conjunto habitacional turístico de la carpeta asfáltica.
Una inversión bipartita o tripartita sería lo más justo y equitativo para, a la vez, generar desarrollo de interés común y privado.
Actualmente, de acuerdo al área más visitada por los bañistas, la lógica establece que la continuación del boulevard debería ser hacia el norte, anteponiendo el servicio a la comunidad y no a intereses privados.
Así como la inversión de 15 millones de pesos en el edificio de seguridad pública en la playa no fue un proyecto debidamente estudiado por la pasada administración municipal, la presente no debería caer en el error de gestionar e invertir recursos públicos para favorecer a inversionistas privados.
Muy diferente es si un plan rector enfocado al desarrollo de un polo turístico beneficia a tal o cual empresario visionario.
Por cierto, no hay que olvidar que los recursos del SUBSEMUN están etiquetados para invertirse en rubros relacionados con la seguridad pública y no en vías de comunicación.
Así de sencillo.
Y hasta la próxima.
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