CON justa razón, los empresarios constructores de la localidad están que trinan en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno por la forma parcial de asignar las obras públicas.
El descontento se acentúa cada vez que recuerdan las promesas durante las campañas proselitistas, mismas que, ya en la práctica, han quedado sólo en eso.
El clamor es generalizado entre los constructores que tienen sus centros de operaciones en las principales ciudades tamaulipecas.
En Matamoros, por ejemplo, se ha programado la construcción de 95 mil metros cuadrados de pisos de concreto para viviendas que carecen de ese beneficio.
En la inversión bipartita participan los gobiernos federal y estatal, instancias que aportarán los recursos económicos en apoyo de familias que viven en condiciones de marginación.
Por supuesto que ese programa de política social de ambos niveles de gobierno es digno de aplaudirse, toda vez que aportará beneficios a una gran cantidad de viviendas de las áreas rural y urbana que tienen superficie de tierra.
Sin embargo, la forma de ejercer ese millonario presupuesto y la asignación de obra mantienen inconformes a los empresarios de la construcción en este puerto fronterizo.
Desconociéndose los términos de la licitación pública -si es que hubo-, dos empresas del ramo con sede en el puerto de Tampico y una más con planta matriz en ciudad Victoria resultaron beneficiadas con ese contrato.
En consecuencia, constructores foráneos se harán cargo del tendido de 95 mil metros cuadrados de pisos de concreto y, obviamente, se llevarán a sus respectivas empresas las utilidades que generará esa obra pública.
Por el momento no ha trascendido a qué instancia de gobierno le tocó la asignación de obra y recursos y, además, si se cumplió en tiempo y forma con la convocatoria para la obligada licitación.
Es así como, de nueva cuenta, los empresarios locales de la construcción prácticamente son ninguneados por la parte oficial que, según parece, continúa con la ancestral práctica del favoritismo por diezmo, amiguismo o compadrazgo.
En momentos de contracción económica como los actuales es cuando más se requiere que los recursos estatales y federales destinados a obras sociales o urbanísticas sean asignados a empresas locales.
Además de la derrama económica regional que significa, paralelamente se crean las condiciones para supervisar que los trabajos sean de calidad y, sobre todo, impedir que constructores fuereños desaparezcan repentinamente en cuanto hayan obtenido su liquidación.
En la esquina noreste tamaulipeca se registran varios casos de constructoras llegadas de otras latitudes estatales y nacionales que no terminaron sus compromisos pero, eso sí, de alguna manera lograron que se les pagara al cien por ciento.
El anuncio de la importante inversión y beneficios que traerá consigo el tendido de los 95 mil metros cuadrados de pisos de concreto para vivienda ha provocado la inconformidad de los profesionales de la construcción en la localidad.
En el plano municipal, por ser una obra bipartita entre Federación y estado, la autoridad local únicamente tendrá a su cargo la supervisión de campo para establecer cuáles viviendas en la zona rural y urbana requieren de esa obra de carácter social.
Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Social del actual ayuntamiento analiza hacia qué sectores se canalizará el importante recurso económico.
El asunto trae a la memoria el anuncio del gobernador del estado EGIDIO TORRE CANTU, en el sentido de que en su sexenio la práctica de la exigencia del diezmo en la asignación de obras sería erradicada en su totalidad.
Aunque, vale la pena precisar que en el tema que nos ocupa tiene que ver el gobierno federal y, por lo tanto, la probabilidad de que los dineros federales vengan etiquetados y asignados.
Como cuento de nunca acabar, los empresarios y profesionales de la construcción se preparan, desde ahora, para escuchar las mismas promesas de apoyo por parte de quienes buscarán formar parte de la siguiente legislatura federal.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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