Los movimientos que se suscitan en el país tienden, algunos, a buscar el beneficio de cierto grupo de ciudadanos, aunque otros más lo que pretenden es armar alboroto en causas que ni siquiera conocen bien. Un claro ejemplo es lo que sucede hoy en día con el asunto de los estudiantes normalistas de Guerrero: en una entrevista a un diario español, algunos de los manifestantes afirmaron desconocer qué es un juicio político, pese a que están pidiendo uno para el gobernador de aquel estado.
Entendemos que todos los mexicanos tenemos representantes en el congreso local de nuestro estado y en el Congreso de la Unión, donde los legisladores federales pugnan por nuestro beneficio, aunque a veces pareciera que están en la frecuencia contraria.
En caso de los automóviles de procedencia extranjera ha permitido llenar miles de cuartillas a lo largo de los años: hay quien considera que debe ser permitido tener automóviles que son chatarra en los Estados Unidos de América y acá vienen a contaminar y engrosar el parque vehicular, argumentando que son para la gente que no puede pagar un vehículo nacional por sus elevados costes.
Suponemos que en parte hay razón para pensar esas cosas, sin embargo, también entendemos que hay que vivir dentro de la ley que existe; las muchas leyes nos otorgan beneficios pero también obligaciones, y es menester cumplir con lo segundo para aspirar a lo primero. De eso, no cabe la menor duda.
La Unión Campesina Democrática, conocida como UCD, ha luchado por años porque la gente pueda trasladarse en vehículos de procedencia dudosa que no han pagado impuestos y otras cosas que afectan la economía nacional.
Es natural que los vendedores y armadores de vehículos en el país hayan puesto el grito en el cielo argumentando una competencia desleal. Compartimos esa opinión y respetamos otras distintas, y pensamos que todos debemos estar dentro de la ley.
No se vale, por ejemplo, permitir que circulen vehículos baratos en nuestro país, y que contaminan muchísimo: el cambio climático y los niveles de contaminación existentes nos han llevado a tener un mundo que se vuelve loco poco a poco: ya las estaciones son distintas y no sabemos cuando habrá frío o calor, que hoy por hoy son más intensos, gracias a la intransigencia del ser humano por respetar su entorno.
Así sucede con los señores de la UCD, que se aprovechan de la gente: les cobran un dinero por darles una placa que, aparentemente, es patente de corso, porque nadie les puede tocar ni decir nada. No estamos de acuerdo en ello.
Lo que sí podría hacerse, pensamos, es que nuestros legisladores instrumenten con sus equipos de asesores algún ordenamiento que regule la entrada de estos automóviles a suelo mexicano.
Debieran ser objeto, en primera instancia, de una revisión mecánica que nos garantice que no serán “máquinas productoras de humo” y que no contaminarán más de lo que ya contamina un auto en buenas condiciones; luego, podrían establecer un pago de impuesto razonable, y probablemente, en facilidades para que la gente tenga acceso a este beneficio.
Todos, absolutamente todos somos mexicanos y tenemos los mismos derechos, y no es justo que se pretenda que los que emplaca la UCD no paguen sus impuestos, porque también ellos gozan de los beneficios que implica la obra pública en sus tres niveles.
Probablemente sea fuerte pensar en ello, pero se requiere de una autoridad que se haga respetar como tal, y que los vehículos que no cumplan con los requisitos legales y ecológicos, pensamos que deben ser retirados inmediatamente de las calles.
Nada de que es porque son amigos o de una agrupación política. No queremos soluciones políticas en el tema, porque somos de la idea de que los mexicanos queremos un trato igualitario, justo, legal, pero para todos, no para unos cuantos que son víctimas de vividores disfrazados de “líderes populares”.
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